viernes, 19 de mayo de 2017

tema derecho procesal penal

TEMA 3 1. NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL. 1.1. Nociones: La pena y la medida de seguridad son las consecuencias jurídicas de los delitos y de las faltas, y las mismas puedan afectar a derechos fundamentales (como la privación de libertad); esta circunstancia obliga a que cuando haya de aplicarse, deba realizarse por unos órganos especialmente destinados a éste fin y por medio de cauces legalmente establecidos. El artículo 3 del Código Penal establece que “no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”. Luego, los órganos encargados de imponer penas y medidas de seguridad son los jurisdiccionales (Tribunales y Juzgados) y el medio es el proceso penal. 1.2. Concepto: Es una sucesión de actos, sujetos a normas formales, que permiten al órganos jurisdiccional dictar una sentencia como consecuencia de la realización de un hecho punible. 1.3. Relaciones con el Derecho Penal: La norma penal se establece en el Código Penal Común, y el medio para la tramitación, sentencia, sanción penal y ejecución lo recoge la Ley de Procedimiento Penal. 2. CONCEPTO DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 2.1. Jurisdicción: La Función Jurídica del Estado o Jurisdicción, se realiza mediante órganos públicos, que son, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley, a través de diversos actos que integran los procesos. A tenor del artículo 117-3° de la Constitución Española, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento, que las mismas establezcan. La Jurisdicción es única, en base al principio de unidad jurisdiccional, pero a su vez se divide en:  Ordinaria: Integrada por el orden civil, penal, contencioso-administrativo y social.  Especial: Integrada por la jurisdicción militar, para el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, como establece la Constitución en su artículo 117-5°. Por tanto, el orden penal, integrado en la jurisdicción ordinaria, está compuesto por el conjunto de órganos jurisdiccionales, que pueden ser, unipersonales o colegiados, en función de las personas que lo integren, que tienen atribuido el conocimiento de causas criminales.  Los Tribunales unipersonales, son aquellos, que están formados por una sola persona, que juzga.  Los Tribunales colegiados, son aquellos, que están integrados por varias personas (normalmente tres). 2.2. Competencia: Consiste en el conjunto de normas jurídicas, que permiten asignar o atribuir el conocimiento de una determinada causa criminal a un órgano judicial concreto, con exclusión de los demás. La competencia, puede ser de tres clases: a) Objetiva: Que puede ser a su vez: 1. Por razón del delito, de la mayor o menor gravedad del mismo en función de la pena que tenga señalada (así será competente el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial). 2. Por razón de la materia, en base a la clase o naturaleza del hecho punible que se enjuicia (hay determinados delitos cuyo conocimiento es exclusivo de la Audiencia Nacional). 3. Por razón de la persona del imputado, que supone una garantía reforzada o aforamiento (aquellos supuestos en el que el procesamiento y enjuiciamiento de una Autoridad, corresponde al Tribunal Supremo o Tribunal Superior de una Comunidad Autónoma). b) Funcional: La que determina qué órganos jurisdiccionales han de conocer de las instancias del proceso o de los recursos, que se interpongan a lo largo del mismo, que normalmente es un órgano distinto de aquél que dictó la resolución impugnada; así como de los incidentes que surjan en el proceso. c) Territorial: Determina cuál de los Tribunales o Juzgados del mismo grado de primera instancia que hay en todo el territorio nacional conocerá del asunto, es decir, el del lugar de comisión del delito. Cuando no se conoce dicho lugar, se acude a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), que serian competentes, por orden de preferencia: 1. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. 2. El del lugar donde haya sido aprehendido el reo. 3. El de la residencia del reo. 4. Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 3. LOS ORGANOS DE LA JURISDICCIÓN PENAL. En la actualidad, los órganos de la jurisdicción penal española son: 1.- Juzgados de Paz. 2.- Juzgados de Instrucción. 3.- Juzgados de lo Penal. 4.- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 5.- Juzgados de Menores. 6.- Audiencias Provinciales. 7.- Tribunal del Jurado. 8.- Tribunales Superiores de Justicia. 9.- Juzgados Centrales de Instrucción. 10.- Juzgados Centrales de lo Penal. 11.- Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 12.- Juzgado Central de Menores. 13.- Audiencia Nacional. 14.- Tribunal Supremo. Las competencias especificas de cada uno de ellos en base a esa clasificación en función de su composición; teniendo en cuenta el artículo 30 de la LOPJ, que dice: «El Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en municipios, partidos, provincias y Comunidad Autónoma». 1. JUZGADOS DE PAZ Ejercen su jurisdicción en los municipios donde no existe Juzgado de Instrucción y entienden de las faltas cuyo conocimiento les atribuya la Ley. Concretamente, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocerán de los juicios por faltas tipificadas en el Libro III del Código Penal (deslucir bienes inmuebles de dominio público o privado), (abandono de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos), (maltratar cruelmente a animales domésticos) , (perturbar levemente el orden en la audiencia de un Tribunal o Juzgado o en actos o lugares públicos) . También conocerán los Jueces de Paz de los juicios por faltas (amenazas o coacciones leves) del Código Penal, excepto cuando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 153 del Código (cónyuge, hijos o determinados familiares). Los Jueces de Paz no pertenecen a la carrera judicial, los elige el Ayuntamiento y los nombra el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma correspondiente, por un período de cuatro años, tendrá el tratamiento que se reconozca al Juez de Instrucción. 2. JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Tienen jurisdicción en todo el ámbito territorial del partido judicial, tomando su denominación del municipio en que tengan su sede, donde puede haber uno o más Juzgados de esta naturaleza. Los Juzgados de Instrucción conocerán en el orden penal: a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal. b) Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competencia de los Juzgados de Paz. c) De los procedimientos de "Habeas Corpus". d) De los mandamientos de entrada y registro en lugar cerrado. e) De la adopción de medidas cautelares, en las causas que instruyan (prisión preventiva, embargos, ordenes de protección para victimas de violencia doméstica, etc.). f) Del conocimiento y fallo en los casos de conformidad en las causas por delito que se tramiten por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. g) De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos. Desde el punto de vista policial haremos especial mención de éste órgano jurisdiccional, ya que su intervención es determinante en la mayoría de los hechos delictivos que requieren la práctica inmediata de sus actuaciones y diligencias judiciales. El objeto del servicio de guardia de éste órgano en cuanto a la recepción e incoación de los procesos de los atestados remitidos por la policía, denuncias y querellas que se presentan durante su guardia , adoptando las resoluciones oportunas acerca de la situación personal de los detenidos y en general la práctica de diligencias de carácter urgente(mandamientos, interceptaciones de comunicaciones y correspondencia, etc..). En los partidos judiciales, uno de los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia desempeñará el servicio de guardia , y estarán en contacto permanente sobre la actuaciones policiales de su guardia referente a los escritos policiales, dando las órdenes oportunas para la práctica de diligencias urgentes y de prevención. En cada Juzgado de Guardia habrá aparte del propio Juez, el Secretario y el personal auxiliar(Oficiales y Auxiliares) , el servicio del Ministerio Fiscal y un médico forense. 3. JUZGADOS DE LO PENAL El art. 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en cada provincia y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal, admitiendo la posibilidad de crear Juzgados de esta naturaleza cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia, fijándose la ciudad donde tendrán su sede. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, o pena de multa, cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de estas no exceda de diez años, así como por faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviesen relacionadas con aquellos, salvo que se trate de delitos cuya competencia corresponda a los Juzgados Centrales de lo Penal. 4. JUZGADOS DE MENORES En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y con sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de menores; no obstante cuando el volumen de trabajo lo aconseje podrán establecerse Juzgados de Menores cuya Jurisdicción se extienda bien a un partido determinado o agrupación de partidos o bien dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomará su nombre de la Población donde radique su sede. Los Jueces de Menores serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores (mayores de 14 años y menores de 18), así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas. Serán asimismo competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos. La competencia será del Juez del lugar donde se haya cometido el hecho sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de esta Ley. 5. JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA En cada provincia y dentro del orden penal habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria o extender su Jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tendrán las funciones previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad, medidas de seguridad y control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las Autoridades penitenciarias, el amparo de los derechos y beneficios de los internos y las demás que señale la Ley (Libertad condicional, propuestas al Juez o Tribunal sentenciador en materia de medidas de seguridad, etc). 6. JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN En Madrid, podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o en su caso a los Juzgados Centrales de lo Penal. (Causas por los delitos establecidos en el artículo 65 de la LOPJ y a las que se hace referencia en el epígrafe de la Audiencia Nacional). También tramitarán los expedientes de extradición pasiva en los términos previstos en la Ley. 7. JUZGADOS CENTRALES DE LO PENAL En Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal, que conocerán en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales de las causas por los delitos a que se refiere el artículo 65 de la LOPJ, y que tengan señalada pena menos grave, así como de las faltas, sean o no incidentales, imputables a los autores de esos delitos o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviera relacionada con aquellos. 8. JUZGADO CENTRAL DE MENORES En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España , habrá un Juzgado Central de Menores, que conocerá de las causas delitos en los que sea competente la Audiencia Nacional, y cuya responsabilidad sea atribuible a un menor de edad penal, conforme a lo establecido en la LO 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, antes mencionada. 9. AUDIENCIA PROVINCIAL Tendrá su sede en la Capital de la Provincia de la que tomarán su nombre, extenderá su jurisdicción a toda ella. Podrán crearse secciones de la Audiencia Provincial, fuera de la capital de la provincia, a las que quedarán adscritas uno o varios partidos judiciales. Al tratarse de un órgano colegiado, se compone de un Presidente y dos Magistrados, pudiendo estar integrado por dos o más Secciones de la misma composición. La Audiencia Provincial en el orden penal, conocerá: I. De las causas por delitos, a excepción de los que la Ley atribuye el conocimiento a los Juzgados de lo Penal y de otros Tribunales. II. De los recursos, que establezca la Ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la provincia y de los interpuestos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Juzgados de Menores; así como de los interpuestos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción enjuicio de Faltas, donde se constituirá la Sala de la Audiencia con un sólo magistrado, mediante turno de reparto. III. Conocerá también de las cuestiones de competencia, que se susciten entre los Juzgados de la Provincia. IV. De las recusaciones de sus Magistrados, cuando la competencia no está atribuida al Tribunal Superior de esa Comunidad. V. No obstante en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. 10. TRIBUNAL DEL JURADO En cumplimiento del mandato constitucional del artículo 125 de la Constitución Española, que dice: «los ciudadanos podrán participar en la administración de justicia, mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine ...». El Legislador por LO 5/95 de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, ha desarrollado ese precepto, que ha sido modificado por LO10/95 del Código penal. Su sede se establecerá en la Audiencia Provincial y con su ámbito territorial. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidirá. Será competente, para el conocimiento y fallo de los delitos siguientes: a) Del homicidio. b) De las amenazas. c) De la omisión del deber de socorro. d) Del allanamiento de morada. e) De los incendios forestales. f) De la infidelidad en la custodia de documentos. g) Del cohecho. h) Del tráfico de influencias. i) De la malversación de caudales públicos. j) De los fraudes y exacciones ilegales. k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios. l) De la infidelidad en la custodia de presos. 11. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Tomarán su nombre de la Comunidad Autónoma correspondiente y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta. Cada Tribunal Superior, está integrado por Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso Administrativo y, de lo Social. Las Salas se componen de un Presidente y de dos Magistrados. Conocerá en el orden Penal de: I. De las causas penales que los Estatutos de Autonomía reserven al conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia. II. De la instrucción y fallo de las causas penales contra Jueces, Magistrados y Fiscales, por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la Comunidad Autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. III. Decidir las cuestiones de competencia, entre los órganos jurisdiccionales de la Comunidad, que no tengan otro superior común, y de los que surjan entre los Juzgados de Menores de distintas provincias de la Comunidad Autónoma. IV. Para la instrucción de los números 1° y 2° , se designarán entre los miembros de la Sala conforme un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos. 12. AUDIENCIA NACIONAL Tiene su sede en Madrid y con Jurisdicción en toda España. Está integrada por las siguientes Salas: I. De Apelación. II. De lo Penal. III. De lo Contencioso Administrativo. IV. De lo Social En el caso de que el número de asuntos lo aconsejen podrá crearse dos o más Secciones dentro de una Sala. Las Secciones se componen de un Presidente y dos Magistrados. La Sala de lo Penal, conocerá a tenor del artículo 65 de la LOPJ, de: 1°. Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en la instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos: a) Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno. b) Falsificación de moneda, delitos- monetarios y relativos al control de cambios. c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraude alimentario y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a diversas Audiencias. e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o Tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. De los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 2°. De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros, cuando en virtud de Tratado Internacional corresponde a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de las sentencias o el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad privativas de libertad. 3°. De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal, derivadas del cumplimiento de Tratados Internacionales de los que España sea parte. 4°. De los procedimientos judiciales de extradición pasiva. 5°. De los recursos establecidos en la Ley, contra las sentencias y resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal y de los Juzgados Centrales de Instrucción. 6°. De cualquier otro asunto que le atribuyan las Leyes. Así por LO 4/88 de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Disposición Transitoria Única, se establece que continuará conociendo, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional, de causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes y sus cooperadores o colaboradores. 13. EL TRIBUNAL SUPREMO Con sede en la villa de Madrid, es el órgano superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá Jurisdicción en toda España. Está integrado por las siguientes Salas: Iª de lo Civil; IIª de lo Penal; IIIª de lo Contencioso Administrativo; IVª de lo Social y Vª de lo Militar. Se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la Ley, para cada una de la Salas, y Secciones que en las mismas puedan crearse. La Sala de lo Penal conocerá: 1°. De los recursos de casación, revisión o extraordinarios en materia penal, que establezca la Ley. 2°. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente de Gobierno, Presidente del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo, y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional, de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo y así como de las causas que determinen los Estatutos de Autonomía. 3°. De la instrucción y enjuiciamiento de causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia. En las causas señaladas en el apartado 2° y 3°, se designará entre los miembros de la Sala, conforme un turno preestablecido un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlo. ESPECIAL REFERENCIA A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Organización territorial.- Según la Ley orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial: 1. En cada partido abra uno o más Juzgados de Violencia sobre la mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 2. No obstante lo anterior, podrán establecerse, excepcionalmente, Juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. 3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de las Salas de Gobierno, que, en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de primera Instancia e Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno sólo de estos órganos conozca de todos de estos asuntos dentro del partidos judicial ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. 4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de primera Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de ésta ley Competencia.-Artículo 87 ter que s adiciona a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la redacción siguiente: 1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán en el orden penal, de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en el Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, así como los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan oque se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia d género. b) De la Instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. c) De la adopción de la correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del Libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a de este apartado. 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) los de filiación, maternidad y paternidad b) los de nulidad, separación y divorcio c) los que versen sobre relaciones paterno filiales d) los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar e) los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. f) los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción g) los que tengan por objeto la oposición a la resoluciones administrativas en materia de protección de menores 3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) que se trate de un proceso civil que tenga por objeto de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo b) que algunas de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 de éste artículo c) que algunas de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género d) que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género Las resoluciones penales y civiles serán recurribles ante la Audiencia Provincial. 4. CONCEPTO DE DENUNCIA Y LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. 4.1.Concepto: Es la declaración de conocimiento, mediante la que se comunica al órgano jurisdiccional competente (lo más normal a través de la Policía Judicial), la realización de unos hechos que pueden constituir delito o falta. La denuncia puede formularse en tres tipos de instituciones: directamente en un Juzgado de Guardia, en una Fiscalía, y en una Comisaría de Policía (lo más habitual y eficaz desde un punto de vista operativo), pero su destino final, salvo que el Fiscal decida su archivo comunicándolo al denunciante, siempre será un Juzgado. La denuncia provocará una resolución del juez competente, consistente en la apertura de un proceso penal siempre que los hechos denunciados sean delictivos y verosímiles, pues si no constituyen delitos o son manifiestamente falsos, el juez ordenará su archivo, comunicándoselo así al denunciante. 4.2. ¿Qué delitos pueden ser objeto de denuncia?  Los públicos siempre.  Los semipúblicos o semiprivados, si la denuncia es puesta por la víctima o su representante legal (o en su defecto el Fiscal en determinados casos):  Los privados, sólo cuando las calumnias o injurias estén dirigidas contra funcionario o autoridad por hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos. 4.3. Clases de denuncia:  En cuanto a su contenido, las podemos clasificar en: a) Denuncia pública: En la que se comunican delitos públicos. Podrá ser realizada por un particular (víctima o testigo del delito), o por un funcionario encargado de la persecución de los delitos públicos de oficio (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). b) Denuncia privada: En la que se trata de delitos semiprivados (reproducción asistida sin consentimiento, agresiones sexuales, acoso abuso sexual, descubrimiento y revelación de secretos, abandono de familia, daños imprudentes, contra el mercado y los consumidores y societarios cuando no afectan a los intereses generales o a una masa de afectados, y las faltas de amenazas, coacciones o injurias, muerte o lesiones imprudentes y la de alteración de lindes) a los que hay que añadir las calumnias e injurias (privados) cuando se dirigen a autoridad o funcionario por hechos relativos a sus cargos.  En función del conocimiento que se tenga de la identidad del denunciante, se distinguen: a) Denuncia anónima: El denunciante no ofrece su identidad. La LECr no regula esta clase de denuncia, por lo que, en principio, no hay obligación legal de iniciar una investigación para su comprobación. Ahora bien, que no haya regulación legal no quiere decir no se pueda iniciar una investigación oficial por el Juez de Instrucción, por el Fiscal o por la Policía, en base a una comunicación anónima, por lo que, en aquellos casos en los que se valore racionalmente que los hechos comunicados pueden ser ciertos y constitutivos de un delito público, sería oportuno iniciar la correspondiente comprobación. b) Denuncia en sentido estricto: Cuando la identidad de la persona que comunica los hechos es conocida.  En función de la cualidad con la que actúe la persona que realiza la denuncia, se diferencia entre: a) Denuncia personal: Cuando la persona que efectúa la comunicación actúa en su propio nombre. b) Denuncia por mandato o representante: Cuando la persona que efectúa la comunicación lo hace en nombre de un tercero que le ha ordenado tal actuación, otorgándole un poder especial para ello.  Y por último, en función de la forma en la que se presente, se diferencia: a) Denuncia verbal: Cuando el denunciante comunica los hechos en presencia de la institución que le recoge la denuncia y lo hace oralmente.. b) Denuncia escrita: Cuando el denunciante comunica los hechos, mediante un escrito que presenta en los órganos competentes de su puño letra.. 4.4. Derecho y Deber de Denunciar: 1. Delitos públicos: La LECr imponen a todos los ciudadanos el deber de denunciar los delitos públicos (la mayoría del Código): Art: 259 «el que presenciaré la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción ...», y el artículo 264 «el que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo...». El incumplimiento de este deber genérico de denunciar se sanciona con una pequeña multa, siempre y cuando no constituya delito dicha omisión, puesto que el artículo 450 del CP castiga a todo aquél que, pudiendo hacerlo sin riesgo, no trata de impedir, o no avisa a la autoridad o a sus agentes para que impidan, un delito inminente del que tenga noticia o que presencie, y que ponga en peligro la vida, la integridad o salud, la libertad o libertad sexual de las personas. 2. Delitos semiprivados: En ellos, la propia víctima, su representante legal y, en defecto de ellos, eventualmente, el Ministerio Fiscal, son los únicos que tienen el derecho de denunciar, y una vez que hacen uso de tal prerrogativa, el proceso continua como si de un delito público se tratase, en éstos caso el perdón carece de eficacia. 3. Delitos privados: Únicamente son perseguibles mediante querella en los supuestos de calumnia e injuria; y mediante denuncia de la persona ofendida o su representante legal, o Ministerio Fiscal, en su caso, en alguno de los delitos contra la intimidad, daños por imprudencia grave y calumnia e injuria dirigida contra autoridad y funcionario, entre otros. 4.5. Personas Exentas del Deber de Denunciar: La LECr. exime del deber de denunciar: - A los impúberes. Según el Código Civil que son los menores de 14 años. - A los parientes del delincuente: cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. - A los abogados y procuradores respecto de las explicaciones recibidas de sus clientes. - Y a los religiosos, cuando conocieran los hechos por razón de su ministerio (secreto de confesión). Todas estas personas están exentas de la obligación de denunciar, pero pueden hacerlo si así lo desean. 4.6. Efectos de la Denuncia: 1. Para el denunciante: No está obligado a probar los hechos denunciados, ni a constituirse en parte en el proceso que se inicie. Ahora bien, si intencionalmente, hubiera realizado una acusación o denuncia falsa o una simulación de delito, entonces puede incurrir en responsabilidad criminal, como autor de uno de tales delitos . 2. Para el funcionario o juez receptor: En cumplimiento del artículo 269 de la LECr deben proceder de inmediato a la comprobación del hecho denunciado, salvo que proceda su archivo cuando el hecho denunciado no constituya infracción penal, o sea manifiestamente falso (en este último caso puede haber responsabilidad criminal para el denunciante). 4.7. Diferencia entre la Denuncia y la Querella: La querella es el acto por el que una persona pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente la realización de un hecho que pudiera constituir una infracción penal y, además, manifiesta su voluntad de ejercitar la acción penal contra los responsables del mismo, es decir, de constituirse en parte acusadora en el proceso. Es pues, una declaración de conocimiento y de voluntad. Pueden ser objeto de querella tanto los delitos públicos, como los semiprivados o los privados. En el caso de las infracciones penales públicas, la querella puede ser presentada por la persona ofendida directamente por los hechos, constituyéndose en una parte que recibe el nombre de acusador particular, o por cualquier ciudadano español (no extranjeros), pasando a ser una parte que se denomina acusador popular. En estos casos, independientemente de estos acusadores, el Fiscal sigue ejercitando la acción penal. Si las infracciones penales son semipúblicas o semiprivadas, sólo puede presentar la querella el ofendido por el delito o su representante, constituyéndose en una parte llamada también acusador particular. A partir de entonces, el Fiscal pasa a ejercer la acusación. Las diferencias más significativas entre la denuncia y la querella, son las siguientes:  Por su contenido, la denuncia es únicamente una comunicación de unos hechos presuntamente delictivos, mientras que la querella es además una declaración de voluntad de ejercicio directo de la acción penal.  Por sus efectos, el denunciante no es parte en el proceso, mientras que el querellante si se constituye en parte acusadora.  Por su naturaleza, la denuncia tiene una naturaleza mixta, ya que en los delitos públicos es un deber (reforzado por el Código penal en los más importantes), y en los delitos semiprivados es un derecho. Por el contrario, la querella siempre es  un derecho, nunca un deber. La denuncia nunca necesita ser presentada acudiendo a un abogado y a un Procurador; es totalmente gratuita. La querella, en cambio, exige ser firmada por un Abogado y presentada por un Procurador, con lo que, siempre produce un gasto económico. En cuanto al órgano receptor, se debe señalar que la denuncia puede presentarse, o bien, Juzgado de Instrucción, en la Fiscalía o en la Policía, no así la querella que sólo puede presentarse en el único Juzgado que sea competente. Por lo que hace referencia a la forma; la denuncia puede ser verbal o escrita, mientras que la querella es siempre escrita. Y por último, en cuanto a requisitos, a la denuncia jamás se le exige el acompañamiento de una fianza, mientras que en la querella siempre cabe la posibilidad que el juez exija un depósito. 5. LA DETENCIÓN: CONCEPTO Y DURACIÓN. 5.1. Concepto: La detención, es una medida cautelar personal, que consiste en la privación provisional de la libertad de una persona, con la finalidad de que no se sustraiga a la acción de la Justicia y que puede ser llevada a cabo, por los particulares, la Autoridad Judicial, el Ministerio Fiscal y los agentes de la Policía Judicial, con arreglo a Ley. Según el artículo 17-1 de la Constitución Española, dónde se regula el derecho fundamental de la libertad personal, dice: «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley». Principio que también corrobora la LECr donde en su artículo 489, dice: Ningún español ni extranjero podrá ser detenido, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Pues bien, una vez establecido que la detención debe efectuarse con arreglo a Ley, sabemos que a partir de la Constitución Española de 1978, las Leyes que prescriban privaciones de libertad, han de ser leyes orgánicas, como señala el artículo 81-1, de nuestra Carta Magna, que dice: «Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ...» 5.2. Duración: Esta medida cautelar personal es temporal o provisional, y como así establece el artículo 17-2 de la Constitución, «la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial». El plazo de 72 horas es un tiempo máximo, puesto que la detención sólo debe durar en principio el tiempo necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y que nunca excederá de ese plazo. Con la particularidad de que si las averiguaciones, han finalizado antes de dicho plazo, el detenido debe ser entregado a la Autoridad Judicial, sin esperar a que transcurra dicho plazo, puesto que el transcurso innecesario del plazo podría originar una detención ilegal, como así lo ha establecido en numerosas sentencias de la jurisprudencia del T.C. y T. S. 6. LA OBLIGACIÓN DE DETENER. Como se decía en el concepto de la detención, ésta se puede llevar a cabo por particulares, Autoridad Judicial y Fiscal y agentes de la Autoridad, pues bien en base al sujeto que practique la misma se puede clasificar, desde el punto de vista legal: a) Típica procesal: 1° Facultativa, la llevada a efecto por los particulares y regulada en el artículo 490 de la LECr donde se establece que,» Cualquier persona puede detener: • Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. • Al delincuente «in fraganti». • Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. • Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena, que se le hubiese impuesto por sentencia firme. • Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. • Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. • Al procesado o condenado, que estuviere en rebeldía. El particular que proceda a detener a otra persona, deberá justificar, haber obrado en virtud de motivos racionalmente suficientes, para practicarla. 2° La imperativa u obligatoria, llevada a efecto por la Autoridad o agente de Policía Judicial, que a tenor del artículo 492 de la LECr deberá efectuarla, en los siguientes supuestos: • A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. • Al que estuviere procesado por delito que tenga señalado en el Código pena superior a la de prisión correccional (actualmente, según el Código Penal vigente, debe entenderse que la duración de la pena se refiere a pena grave, superior a 5 años). • Al procesado por delito al que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad Judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, al procesado que preste en el acto fianza bastante a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente. • Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallare procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1ª. Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes, para creer en la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito. 2ª. Que los tenga también bastantes, para creer que la persona a quién intente detener tuvo participación en él. Puede suceder que la Autoridad o agente de Policía que intervenga, no considere necesario detener al presunto autor o cómplice de un delito, que esté procesado o no, por no encontrarse en ninguno de los casos anteriores; en estos supuestos la Autoridad o agente de Policía tomará nota del nombre, apellidos y demás circunstancias bastantes, para que sea entregada oportunamente al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa. b) La detención por falta: Se regula en el artículo 495 de la LECr que textualmente dice: «No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle». Conclusión, la Ley establece con carácter general que no se debe detener por falta, a excepción de los casos en que no se den los dos requisitos previstos en la misma:  Que carezca de domicilio conocido.  Que no se de fianza bastante. c) Administrativa: La detención cautelar prevista en los supuestos de infracciones de la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que pueden conllevar el internamiento del extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, con autorización judicial. En estos casos la Autoridad Gubernativa, una vez detenido el extranjero, se dirigirá al Juez de instrucción del lugar en que hubiese sido detenido, en el plazo de 72 horas, interesando el internamiento a su disposición en el CIE, mientras se sustancia el expediente de expulsión, internamiento que no podrá durar más de 40 días. d) Detenciones especiales: (Terrorismo o bandas armadas). En caso de terrorismo o bandas armadas, la detención puede durar hasta 5 días, en éstos casos, la Autoridad gubernativa solicitará del Juez competente en las 48 horas primeras de la detención solicitud de prórroga, la cual será contestada en las 24 horas siguientes, contestada su concesión o denegación de las 48 horas más en auto motivado. Límites a los derechos del detenido, incursos en supuestos delitos en terrorismo o bandas armadas. Durante la incomunicación:  El abogado será siempre de oficio  No tendrá derecho a entrevista reservada  No tendrá derecho a comunicar a familiar o persona su detención  No tiene derecho a visitas o correspondencia e) Detenciones de menores de 14 años: Están exentos totalmente de responsabilidad penal. La actuación policial se circunscribe a la acción preventiva / protectora. Se podrán identificar y determinar la edad con la anuencia del Ministerio Fiscal. Aplicación de las normas generales de protección (CCAA). Remisión al Fiscal de Menores del informe policial. Entrega del menor a su representante / Entidad Pública de Protección. Estará en las dependencias policiales el tiempo mínimo indispensables para la realización de gestiones para su prevención / protección. f) Detenciones de menores entre 14 y 18 años: Se podrán detener en los mismos casos que a los mayores. Información de los derechos conforme al artículo 520 de la LEC y además:  Se le informará de una manera clara y comprensible.  Notificación inmediata de su detención y lugar de su custodia a:  Representante legal.  Ministerio Fiscal.  Consulado de su país, sí fuese extranjero. En la actuación policial evitar violencia salvo casos necesarios, y su custodia en calabozos estarán separados de los adultos, teniendo los cuidados necesarios de protección, asistencia social, psicológica, médica y física g) Detenciones de militares: Se podrán detener salvo que estén realizando servicio de armas o funciones estrictamente militares, o se encuentren en recintos militares. Una vez fuera del recinto y salvo los casos señalados, estarán sometidos a la jurisdicción ordinaria, y tienen obligación de:  Identificarse  Derecho y deber de comunicarlo a sus superiores.  Deben ser entregados a sus superiores una vez finalizado las diligencias policiales, y serán custodiados por su propia policía militar a disposición de la Autoridad judicial militar. 7. LOS DERECHOS DEL DETENIDO. Son un conjunto de derechos o garantías constitucionales y procesales, que tienen todos los detenidos y que encuentran su fundamento jurídico enel artículo 17, 24 y 55 de nuestra Constitución y que se desarrollan en el artículo 520, 520 bis y 527 de la LECr El artículo 520 de la LECr comienza diciendo: 1º. Que la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. No podrá durar más tiempo del estrictamente necesario, para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto a disposición judicial o en libertad. 2°. Toda persona detenida o presa, será informada de modo que sea comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente de los siguientes: • Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas, que le formulen o a manifestar que sólo declarará ante el Juez. • Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. • Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designa abogado se procederá a su designación de oficio. • Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. • Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y en su defecto por el de la Institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. 3°. Si se trata de un menor de edad o incapacitado, la Autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará la detención a quien ejerza la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Si el menor, detenido o incapacitado fuera extranjero, además de lo anterior, notificará el hecho de la detención al Consulado de su país, cuando el menor tenga residencia habitual fuera de España, o cuando lo solicite el menor o su representante. 4°. La Autoridad Judicial y los Funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrá de hacerle recomendaciones sobre la elección de abogados y comunicará en forma que permita su constancia, al Colegio de Abogados el nombre del abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se designe de oficio. El Colegio se encargará de notificar al designado dicha elección, a fin de que manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que no acepte, no fuere hallado o no comparezca, el Colegio procederá al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El abogado designado, acudirá al Centro de la detención a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de ocho horas, desde el momento de la comunicación al Colegio. Si transcurrido ese plazo, no compareciese, podrá procederse a la practica de la declaración o del reconocimiento del detenido, si no lo consintiere se llamará de nuevo al Colegio, reclamando la designación de otro abogado, sin perjuicio de las responsabilidades contraídas por el incumplimiento por parte del abogado designado. 5°. No obstante, el detenido podrá renunciar a la asistencia letrada, si su detención lo fuera por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico. 6°. La asistencia del abogado consistirá en: • Solicitar en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el n° 2, y que se proceda al reconocimiento médico del mismo. • Solicitar de la Autoridad Judicial o Funcionario, que hubiese practicado la diligencia en la que el abogado haya intervenido, una vez terminada esta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. • Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia, en que hubiere intervenido. No obstante la LECr prevé la limitación de algunos de los derechos anteriores, en base al artículo 55-2 de la Constitución, que desarrollan los artículos 520 bis y 527 de ese texto legal, cuando se trate de delitos cometidos por personas integrantes de bandas armadas, individuos terroristas o rebeldes. Dice el artículo 520 bis de la LECr: 1°. Estas personas, que están referenciadas en el artículo 384 bis, de la misma Ley, serán puestas a disposición del Juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la detención. No obstante podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras 48 horas, siempre que solicitada la prórroga mediante comunicación motivada dentro de las 48 horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes; tanto la autorización como la denegación de la prorroga se adoptará por resolución motivada. 2°. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse al Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en el artículo 520 y 527 de la LECr hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente. Durante la detención el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación en el Juez de Instrucción del Partido o demarcación donde se encuentre, el detenido la situación de éste. A continuación la LECr en su artículo 527, dice los derechos que limita para esas personas, así dice: «El detenido o preso que se halle incomunicado: - En todo caso su abogado será designado de oficio. - No tendrá derecho a la comunicación de su detención a familiar o persona que desee. - Tampoco tendrá derecho a la entrevista personal con su abogado (designado de oficio), al final de la diligencia de declaración o reconocimiento en que haya intervenido. Los restantes derechos del artículo 520, le asisten al detenido. 8. EL PROCEDIMIENTO DE “HABEAS CORPUS”. 8.1. Concepto: Es una garantía de todo detenido y consagrado en el artículo 17-4 de nuestra Constitución que dice: «Una Ley regulará el procedimiento de habeas corpus, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente». Fue desarrollado por LO 6/84 de 24 de mayo, que consta de nueve artículos y una disposición final. 8.2. Competencia: Es competente para conocer la solicitud el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; en su defecto el del lugar donde se produjo la detención y en defecto de ambos el del lugar donde se haya tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Cuando se trate de un integrante de banda armada o elemento terrorista, será competente el Juez Central de Instrucción correspondiente. En el ámbito de la Jurisdicción Militar, será competente del Juez Togado Militar de Instrucción, de la circunscripción donde se efectuó la detención. 8.3. Legitimación: Pueden solicitarlo: • El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes y hermanos, y respecto a los menores o incapaces, sus representantes legales. La solicitud presentada por el abogado de la persona detenida, es interpretada por la Jurisprudencia como presentada por el privado de libertad, a través de su representante. • El Ministerio Fiscal. • El Defensor del Pueblo. • El Juez de ofició. 8.4. Procedimiento: Es sencillo, salvo cuando se incoe de oficio se hará por escrito o comparecencia, en los que deberá constar: • El nombre y las circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial. • El lugar, en que se halle privado de libertad, Autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre. • El motivo concreto por el que se solicita. La Autoridad, agente de la misma o funcionario público estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud. Si incumpliera esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir. Promovida la solicitud, el Juez dará traslado al Ministerio Fiscal, seguidamente mediante Auto acordará la incoación del procedimiento o lo denegará, por improcedente, contra esta resolución no cabe recurso alguno,(en algunos casos se ha estimado el recurso de amparo ante el T.C. s.12-2-96). En el Auto de Incoación, ordena traer al detenido ante él (junto con el atestado policial, en el estado en que se encuentre y las pruebas obtenidas), a continuación será oído o en su caso a su representante legal y abogado si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal. Acto seguido, oye a la Autoridad, agente o funcionario público o persona que ha ordenado o practicado la detención y también a aquella bajo cuya custodia se encontrase. El Juez admitirá, si lo estima pertinente, las pruebas aportadas por todas las personas anteriormente mencionadas y en plazo de 24 horas, dictará una de estas resoluciones: 1°. Si estima que la detención es legal archiva las actuaciones y declara que esta se ajusta a Derecho. 2°. Si estima la solicitud, por concurrir alguna de las circunstancias establecidas en -las detenciones ilegales, acordará alguna dé estás medidas: • La puesta en libertad del detenido, si lo fue ilegalmente. • Que continúe la persona privada de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban. • Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiera transcurrido el plazo legal para su detención. Posteriormente el Juez puede deducir testimonio de los particulares, para la persecución y castigo de los delitos, que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención o tenido bajo su custodia al detenido. 9. EL MINISTERIO FISCAL: FUNCIONES. 9.1. Concepto: El Ministerio Fiscal es un órgano Público instituido por el Estado que constituye una pieza clave dentro de nuestro proceso penal basado en el denominado principio acusatorio. 9.2. Funciones: El artículo 124 de la Constitución establece cuáles son las funciones del Ministerio Fiscal:  Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados.  Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Igualmente establece el párrafo 2° de este artículo 124 que tales funciones las desarrollará teniendo en cuenta los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Así, el Ministerio Fiscal está organizado internamente conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, a través de los cuales se pretende conseguir la uniformidad de interpretación de la ley conforme a las instrucciones que reciban del órgano superior. Su actividad externa está regida por los principios de legalidad (conforme al cual el Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y al resto del Ordenamiento Jurídico) e imparcialidad (el Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados). No obstante estar incluido dentro de las denominadas partes acusadoras, no en todos los procesos está obligado a presentar una acusación, sino que cuando proceda pedirá su absolución. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio Fiscal se estructura en los siguientes órganos:  El Consejo Fiscal.  La Junta de Fiscales de Sala.  Los Fiscales, que actúan ante los órganos que a continuación se señalan:  Fiscalía del Tribunal Supremo  Fiscalía del Tribunal Constitucional  Fiscalía de la audiencia Nacional  Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia  Fiscalía de las Audiencias Provinciales  Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas  Fiscalía Especial para la Represión de los delitos Económicos relacionados con la corrupción.

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