miércoles, 5 de abril de 2017

test derecho penal I

1. Por “fuente del Derecho Penal” propiamente dicha debe entenderse: •a) El modo de crear y derogar las normas jurídico-penales. •b) Las modalidades de interpretación de dichas normas. •c) Los estudios científicos que posibilitan el progreso de las normas penales. •d) La actividad de los jueces en el orden jurisdiccional penal. •2. ¿Puede constituir un delito una conducta lícita? •a) Si, si la misma es antijurídica, culpable y punible. •b) Sí, cuando se den los elementos de la culpabilidad y la punibilidad. •c) Sólo en los casos expresamente previstos por el legislador. •d) No, nunca. •3. El Tribunal Constitucional y la praxis legislativa han confirmado: •a) Que los delitos y las penas pueden establecerse indistintamente por ley o por decreto ley. •b) Que los delitos y las penas pueden establecerse por ley o decreto ley y también por Real Decreto. •c) Que los delitos y las penas pueden establecerse sólo mediante ley ordinaria. •d) Que los delitos y las penas pueden establecerse únicamente mediante ley orgánica, por afectar a Derechos Fundamentales. •4. La reserva de Ley Orgánica en materia penal: •a) Responde, según algunos, a que la materia penal incide generalmente en los derechos fundamentales del individuo. •b) Responde, según algunos, a que no es preciso contar con un respaldo mayoritario de la cámara para tales cuestiones pues de lo contrario se ralentizaría en exceso el proceso legislativo. •c) Tiene que ver con la necesidad de descentralizar el modelo de estado y acercarlo más al paradigma federal. •d) Responde, según algunos, a que la materia penal no puede nunca incidir en los derechos fundamentales del individuo pues exo supondría un ejercicio excesivo de las facultades punitivas estatales. • 5. En el Ordenamiento Jurídico español los reglamentos: •a) Están excluidos expresamente como fuentes del Derecho Penal. •b) Están excluidos tácitamente como fuentes del Derecho Penal. •c) Pueden constituirse como fuentes del Derecho Penal sólo cuando se trate de delitos que no afecten a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. •d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. •6. En el Ordenamiento Jurídico español las disposiciones legales o reglamentarias de las Comunidades Autónomas: •a) Están excluidas expresamente como fuentes del Derecho Penal. •b) Están excluidas tácitamente como fuentes del Derecho Penal. •c) Pueden constituirse como fuentes del Derecho Penal sólo cuando se trate de delitos que no afecten a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. •d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. •7. El expreso y específico principio de legalidad de los delitos y de las penas está contenido en la Constitución en el artículo (2). •a) 25 •b) 24 •c) 9 •d) En ningún artículo. •8. Señale cual de los siguientes planteamientos es correcto: •a) Las exigencias del Principio de Legalidad se ven colmadas por el hecho de que la ley describa un comportamiento delictivo y su sanción, con independencia de que lo haga de manera indeterminada. •b) Las exigencias del Principio de Legalidad se ven colmadas por el hecho de que el ciudadano tenga claro cuales son los comportamientos delictivos y las penas con que se castigan, con independencia de que ello no lo prevea una ley. •c) Las exigencias del Principio de Legalidad requieren que los comportamientos constitutivos de delitos o faltas aparezcan descritos como tales en una ley previa que se refiera a los mismos con claridad y precisión. •d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta. •9. El Principio de Legalidad Penal se extiende: •a) Sólo a los delitos. •b) A los delitos, a las penas y a las medidas de seguridad. •c) A los delitos y a las penas y nada más. •d) Sólo a las penas. •10. En Derecho Penal, por garantía penal se entiende el principio según el cual: •a) A todo delito o falta le corresponde una pena proporcionada a su gravedad. •b) Tanto penas como medidas de seguridad deben estar descritos por ley anterior al momento de su comisión. •c) Se garantiza la aplicación de la pena aún en caso de condenados en rebeldía. •d) El Estado garantiza el seguimiento del proceso de aplicación de las penas y medidas de seguridad. •11. La garantía criminal: •a) Impide castigar por hechos no descritos en la Ley Penal como delitos o faltas. •b) Impide castigar con penas distintas de las legalmente previstas. •c) Reduce el ámbito de aplicación del Derecho Penal a los comportamientos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. •d) Deja fuera del orden punitivo los comportamientos socialmente inocuos. •12. La interpretación y aplicación de las normas penales a los casos concretos que puedan suceder en la realidad social corresponde principalmente a: •a) El Parlamento. •b) El Senado. •c) Las Comisiones parlamentarias. •d) Los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción Penal. •13. Alicia es condenada por miembros de su comunidad de vecinos al haber cometido un hecho constitutivo de delito según la ley vigente. El castigo que le aplican es el que recoge la Ley Penal para la referida infracción. Ello supone: •a) Un ejercicio legítimo del ius puniendi por parte de sus vecinos. •b) Un ejercicio legítimo del ius puniendi por parte de sus vecinos siempre que éstos se vean directamente afectados por el comportamiento de Alicia. •c) Una quiebra de la garantía jurisdiccional. •d) Un ejercicio legitimo del ius puniendi por parte de sus vecinos siempre que el comportamiento realizado por Alicia afecte a los intereses generales. •14. Mariano es condenado por el órgano jurisdiccional competente a una pena privativa de libertad por la comisión de un hecho descrito en la Ley Penal como delito y castigado por la misma con ese tipo de sanción. Mariano es obligado a cumplir su privación de libertad en unas condiciones diferentes a las establecidas por la ley para el cumplimiento de esa clase de penas. Ello supone: •a) Una quiebra de la garantía ejecutiva o de ejecución. •b) Una quiebra de la garantía criminal. •c) Una quiebra de la garantía jurisdiccional. •d) Una quiebra de la garantía penal. •15. Los elementos que requieren la realización de un juicio de valor para determinar su concurrencia se denominan: •a) Formales. •b) Materiales. •c) Normativos. •d) Descriptivos. •16. Los elementos valorativos o normativos en la Ley Penal: •a) Exigen recurrir a un juicio de valor para concretar su significado. •b) Están prohibidos por el Tribunal Constitucional al considerarlos incompatibles con las exigencias derivadas del principio de legalidad. •c) No presentan diferencias sustanciales con respecto a los elementos descriptivos. •d) Son los únicos elementos presentes en el Derecho Penal, dado el alto grado de sofisticación que ostenta esta disciplina jurídica. •17. Las leyes penales que en la descripción de conductas delictivas contengan elementos que precisen de un juicio de valor emitido por el juez: •a) Cumplen el principio de legalidad de los delitos, siempre que el significado de tales elementos pueda ser completado por el Juez o Tribunal con criterios lógicos, técnicos o de experiencia. •b) No cumplen el principio de legalidad, al depender del arbitrio del juez. •c) Sólo cumplen con el principio de legalidad si existe una remisión a una norma extrapenal para completarlo, para obviar la inseguridad jurídica que suponen. •d) Ya no existen en las leyes penales vigentes tales elementos. •18. Las llamadas Leyes Penales en blanco (2) •a) Son siempre y sin condiciones compatibles con el principio de legalidad de los delitos, pues es una técnica legislativa que simplifica la labor del legislador, bastando con que formalmente la amenaza de pena parta de una ley penal. •b) Nunca son compatibles con el principio de legalidad de los delitos, por no agotar la descripción de la conducta declarada por la ley penal delictiva. •c) No se utiliza ya por el legislador español esta técnica legislativa. •d) Son compatibles con el Derecho Fundamental al cumplimiento del principio de legalidad de los delitos, si el núcleo fundamental de la prohibición bajo amenaza de pena está en la Ley Penal y la remisión a la ley extrapenal es clara. •19. El artículo 325 del Código Penal se refiere a “el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones”; estamos ante: •a) Un tipo completo. •b) Una Ley Penal en blanco. •c) Un delito especial impropio. •d) Un delito especial propio. •20. Llamamos Jurisprudencia en sentido estricto y siguiendo la definición del artículo 1 del Código Civil: •a) A la opinión dominante de los Jueces y Tribunales en la interpretación de la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. •b) A la doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. •c) A la opinión dominante de los estudiosos del Derecho en la interpretación de la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. •d) A la última y más moderna interpretación de la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho que ofrezca el Tribunal Supremo. •21. La Jurisprudencia: •a) Es sin duda una fuente del Derecho Penal, equiparable a la Ley. •b) Sólo es fuente del Derecho Penal en supuestos de lagunas legales. •c) Carece de efecto alguno en la interpretación de las leyes penales. •d) Es un complemento de la Ley Penal, sin ser una fuente del Derecho propiamente dicha. •22. La Ley Penal, al ser fruto de la voluntas legislatoris: •a) Sólo admite, siempre que existan referentes al respecto, la interpretación que haya manifestado en su momento el legislador. •b) La Ley Penal nunca pierde su vínculo con el legislador que la creó, hasta que resulte derogada o complementada con otra ley posterior. •c) La Ley Penal, como las demás leyes, una vez promulgada tiene vida autónoma al margen de cual haya sido la voluntad del legislador. •d) Ninguna Ley Penal es fruto de la voluntad del legislador. •23. La aplicación de la Ley Penal: •a) Admite analogía únicamente en supuestos de criminalidad organizada. •b) Sí admite analogía en todo caso. •c) Admite analogía sólo por necesidades político-criminales. •d) No admite analogía “in malam partem”. •24. Nuestro Código Penal admite apreciar por analogía: •a) Sólo las circunstancias eximentes. •b) Sólo las circunstancias atenuantes. •c) Sólo las circunstancias agravantes. •d) Las eximentes, las atenuantes y las agravantes. •25. En nuestro Código Penal la aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por analogía: •a) Sólo es posible cuando se trate de circunstancias agravantes. •b) Sólo es posible cuando se trate de circunstancias atenuantes. •c) Es posible tanto en el caso de circunstancias agravantes como en el de atenuantes. •d) La aplicación analógica de la Ley penal está prohibida en todo caso. •26. En términos generales y salvo que se disponga otra cosa, la ley penal entra en vigor: •a) Transcurridos 20 días tras su completa publicación en el BOE. •b) Transcurridos 23 días tras su completa publicación en el BOE. •b) Transcurridos 25 días tras su completa publicación en el BOE. •d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. •27. La derogación de una ley puede tener lugar: •a) Por una ley posterior. •b) Por su escasa inaplicación. •c) Por el escaso apoyo social que la misma haya tenido desde su entrada en vigor. •d) Por las críticas negativas reiteradas por parte de los jueces y tribunales que la apliquen. •28. La Ley penal (2) •a) Siempre tiene efectos retroactivos, si los hechos anteriores son graves. •b) Nunca tiene efectos retroactivos. •c) Tiene o no tiene efectos retroactivos en función del arbitrio del Juez o Tribunal. •d) Sólo tiene efectos retroactivos si favorece al reo. •29. El principio básico de la aplicación de la Ley Penal en el tiempo es: •a) El principio ne bis in idem. •b) El principio de irretroactividad. •c) El principio de culpabilidad. •d) Ninguno de los anteriores. •30. El principio de identidad como criterio de aplicación de la Ley Penal en el tiempo: •a) Supone que habrá que aplicar la Ley posterior al momento de comisión de los hechos siempre que sea más favorable que la que estaba vigente en dicho momento. •b) No tiene cabida en nuestro ordenamiento. •c) Se aplica sólo para las leyes temporales. •d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. •31. La Ley A fija el límite mínimo de los delitos de hurto en 400 €; por debajo de dicha cantidad la comisión de un hurto será castigada como una simple falta. Durante la vigencia de dicha Ley Javier A. O. sustrae un objeto cuyo valor es de 450 €. Sin embargo, antes de que sea juzgado entra en vigor una nueva Ley B que, haciéndose eco de las tasas de inflación, eleva el límite entre delito y falta a 500 €. Cuando se juzgue a Javier A. O.: •a) Según la doctrina se le debería aplicar la Ley B, pues en caso contrario se infringiría el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. •b) Según la doctrina se debería aplicar la Ley A pues de otro modo se infringiría el principio de irretroactividad de la ley penal. •c) Según la doctrina se le debería aplicar la ley A, pues la modificación trata sólo de adaptar la ley al valor real del dinero. •d) Según la doctrina se le debería aplicar la ley A pero se tendrá en cuenta la Ley B a efectos de posible aplicación de reincidencia. •32. Pedro Luis comete un delito encontrándose en vigor la Ley A. Cuando ya ha cumplido condena entra en vigor la Ley B, que resulta más favorable. Su condena: •a) No será revisada pues supondría la infracción del principio de la santidad de la cosa juzgada. •b) No será revisada, pues supondría una infracción de principio de irretroactividad de la ley penal. •c) Sólo será revisada a efectos de cancelación de antecedentes penales de cara a la posible aplicación de la agravante de reincidencia. •d) Será revisada en todo caso. •33. Si un sujeto ha cumplido en su totalidad una condena privativa de libertad y se aprueba una ley penal más favorable que la que se le aplicó: •a) Se tendrá en cuenta la nueva ley a los efectos de cancelación de antecedentes penales. •b) Se le indemnizará por el exceso de tiempo pasado en prisión. •c) Las dos respuestas anteriores son correctas. •d) No se tendrá en cuenta la nueva ley pues la condena ya ha sido cumplida. •34. Los hechos cometidos durante la aplicación de una ley temporal: •a) Se enjuiciarán conforme a dicha ley salvo que exista una ley posterior más favorable que expresamente permita su aplicación retroactiva a los mismos, tal como establece expresamente el vigente Código Penal. •b) Se enjuiciarán siempre y en todo caso conforme a dicha ley, con independencia de que exista una posterior más favorable, pues de lo contrario casi nunca se aplicarían las leyes temporales, que tienen una vigencia de corta duración y suelen ser más duras que las demás leyes. •c) Se enjuiciarán siempre conforme a dicha ley salvo que exista otra posterior más desfavorable y la ley temporal no haya sido dictada en circunstancias excepcionales. •d) Se enjuiciarán aunque el vigente Código Penal no lo prevea expresamente conforme a dicha ley salvo que exista una ley posterior más favorable que expresamente permita su aplicación retroactiva a los mismos de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. • 35. Juan comete un delito durante la vigencia de la Ley “A”. Seguidamente se aprueba la Ley “B” que deroga la Ley “A” y más adelante, antes de que se celebre el juicio, entra en vigor la ley “C” que deroga la Ley “B”. La Ley “B” es la más beneficiosa para Juan, pero no estaba en vigor ni cuando éste cometió los hechos ni cuando los mismos deben enjuiciarse. En esta situación: •a) La situación doctrinal mayoritaria coincide con la imposibilidad de aplicar la Ley “B”. •b) La Ley penal vigente prohibe expresamente aplicar la Ley “B” en este caso. •c) Hoy en día no hay obstáculo legal expreso para aplicar la Ley “B”. •d) Se aplicaría siempre la Ley “A”, aunque la Ley “C” resultase más beneficiosa que la Ley “A”, pues ante la duda rige el principio general de irretroactividad. •36. Los principios que rigen la aplicación de la Ley Penal en el espacio son: •a) Territorialidad, perseguibilidad, justicia universal y nacionalidad del culpable. •b) Justicia Universal, nacionalidad del culpable, realístico y del pabellón. •c) Territorialidad, protección de intereses, personalidad y justicia universal. •d) Territorialidad, protección de nacionales y justicia universal. •37. El principio básico y regla general para la aplicación de la Ley Penal española en el espacio es: •a) El de personalidad activa y pasiva. •b) El de protección de intereses nacionales. •c) El de territorialidad. •d) El de justicia universal. •38. La ley penal española se puede aplicar a hechos acaecidos en el extranjero, por razón de los sujetos activos y pasivos intervinientes: •a) Siempre y sin excepciones, cuando el sujeto pasivo del delito sea español. •b) Sólo, y en ningún otro caso, cuando sean españoles el sujeto activo del delito y el pasivo. •c) En ningún caso. •d) Cuando sea español el sujeto activo, si en el país donde se cometió el hecho también constituye delito y, además, no haya sido absuelto, penado -con pena cumplida- o indultado en el extranjero. •39. Claudia S. B., mayor de edad y de nacionalidad colombiana, dirige un taller de imprenta en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en el que falsifican billetes de 20 y 50 €. Habida cuenta de que es detenida antes de que sean introducidos en España, la jurisdicción española: •a) No podrá conocer de dichos hechos al no haberse introducido los billetes en territorio español. •b) No podrá conocer de dichos hechos al ser su autora una ciudadana extranjera y no haberse introducido los billetes en territorio español. •c) Podrá conocer de dichos hechos en virtud del principio real o de protección de intereses. •d) Podrá conocer de dichos hechos en virtud del principio de justicia universal. •40. Gustavo P., mayor de edad y de nacionalidad española, es detenido en territorio español por unos hechos constitutivos de homicidio doloso cometidos en la ciudad de Tánger (Marruecos). Será de aplicación la ley penal española en virtud del principio de: •a) Justicia universal. •b) Personalidad. •c) Real o de protección de intereses. •d) Territorialidad. •41. Un nacional de otro país comete un delito en el extranjero y con posterioridad adquiere la nacionalidad española ¿Se le podrá aplicar la ley penal española en virtud del principio de personalidad? •a) No, en ningún caso. •b) Si, si se cumple el resto de requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. •c) Si, si se cumple el resto de requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y además se tratara de un apátrida. •d) Si, si se cumple el resto de requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la víctima da su consentimiento. •42. La Ley Penal española, si no están en juego intereses del estado o de algún español, ni sea español el sujeto activo del delito ¿Podrá ser aplicada por los Tribunales españoles a delitos cometidos en el extranjero? •a) Nunca. •b) Si, si lo decide el gobierno de la nación o el Tribunal Supremo. •c) Sí podrá aplicarse cuando así lo prevea excepcionalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial o convenios internacionales suscritos por España, respecto a determinados delitos. •d) Sí, en el supuesto de que lo autorice la Corte Penal internacional. •43. En España la extradición pasiva es: •a) Mixta. •b) Gubernativa. •c) Judicial. •d) Autonómica. •44. El llamado principio de identidad o de doble incriminación significa: •a) Que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. •b)Que no se puede juzgar como infracción administrativa un hecho que ya ha sido castigado como delito. •c) Que no se puede conceder la extradición por un hecho que ya ha sido penado en el Estadoal que se solicita la extradición. •d) Que para conceder la extradición el hecho por el que se solicita tiene que ser delito en el estado solicitante y en el que recibe la solicitud de extradición. •45. El principio de gravedad o no insignificancia en la extradición implica: •a) Que sólo se concederá la extradición cuando se trate de delitos de escasa gravedad. •b) Que la extradición no se puede conceder por delitos graves. •c) Que los hechos que motivan la extradición deben no ser delictivos en el estado requirente o en el estado requerido. •d) Todas las anteriores afirmaciones son falsas. •46. El principio de especialidad en el Derecho de Extradición: •a) Exige la garantía de reciprocidad del Estado requirente. •b) Limita la posibilidad de reextradición por parte del Estado requirente. •c) Puede excepcionarse en virtud del principio de personalidad. •d) Permite al estado requirente juzgar al sujeto extraditado por hechos distintos de los que motivaron la concesión de la extradición. •47. El principio de especialidad en la extradición implica: •a) Que el estado requerido sólo podrá juzgar y ejecutar la sentencia por los delitos por los que se le conceda la extradición. •b) Que el estado requirente podrá juzgar y ejecutar la sentencia por delitos distintos de aquellos que motivaron la concesión de extradición. •c) Que el estado requirente en principio sólo puede juzgar o imponer sanción por el delito que dio motivo a la extradición. •d) Que el estado requirente tiene la obligación de no reextraditar al sujeto extraditado sin el consentimiento del estado requerido. •48. Agustín V. S. es entregado por las autoridades del Estado A al Estado B con el objeto de que cumpla una condena que ya le ha sido impuesta. •a) A ejerce la extradición activa y B la pasiva. •b) A ejerce la extradición pasiva y B la activa. •c) Ambos estados ejercen la extradición activa. •d) En este caso no se puede hablar de extradición al haber sido ya juzgado. •49. Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma el 17 de julio de 1.998, la Corte es competente para conocer de delitos de: •a) Genocidio, rebelión y crímenes de guerra. •b) Genocidio, tráfico de personas, piratería y crímenes de guerra. •c) Genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. •d) Genocidio, crímenes de guerra, rebelión y tráfico de personas. •50. La garantía criminal comprende: • a) Las penas y las medidas de seguridad • b) Los delitos y los estados peligrosos • c) Los delitos y las penas • d) Delitos, penas e infracciones administrativas •51. Si una Ley penal describe únicamente el núcleo esencial de la conducta prohibida remitiéndose a otras normas para completarla, diremos que se trata de: •a) Una ley penal abstracta • b) Una ley penal intermedia • c) Una ley penal en blanco • d) Una ley penal parcial •52. En el sistema penal español, el principio de legalidad: • a) Aparece recogido en la CE • b) Aparece recogido en el CP • c) Implica que ningún comportamiento podrá considerarse delictivo salvo que esté previsto como tal por la ley. • d) Todas las anteriores son correctas. •53. La garantía penal: •a) Impide castigar por hechos no descritos en la ley penal como delitos o faltas. •b) Impide castigar con penas distintas de las legalmente previstas. • • c) Reduce el ámbito de aplicación del Derecho Penal a los comportamientos que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. • d) Deja fuera del orden punitivo los comportamientos socialmente inocuos. •54. ¿Cuándo permite nuestro Código penal aplicar la analogía in malam partem? • • a) En caso de atenuantes • b) En caso de agravantes • c) Tanto para atenuantes como para agravantes • d) En ningún caso •55. Según el Códico civil español, la misión de la jurisprudencia es: • •a) Racionalizar el OJ • b) Complementar el OJ • c) Aclarar el OJ • d) Dictar sentencia •56. ¿Cuál de las siguientes garantías no lo es del principio de legalidad? •a) La garantía criminal • b) La garantía penal • c) La garantía jurisdiccional • d) La garantía personal Soluciones •1:a •2:d •3:d •4:a •5:b. Se trata de una pregunta compleja por su redacción, ya que aunque es claro que la respuesta “b” es correcta (puesto que su exclusión no es expresa, al no constar de forma literal en ningún precepto, sino que se deriva de la interpretación que hace el Tribunal Constitucional), también podría defenderse que es correcta la respuesta “d”, ya que las normas reglamentarias pueden completar leyes penales en blanco y, por esa vía, contribuir a configurar el ámbito de lo penalmente prohibido. •6:b Al igual que la anterior, también se trata de una pregunta compleja por su redacción, ya que aunque es claro que la respuesta “b” es correcta (puesto que su exclusión no es expresa, al no constar de forma literal en ningún precepto, sino que se deriva de la interpretación que hace el Tribunal Constitucional), también podría defenderse que es correcta la respuesta “d”, ya que las normas legales o reglamentarias de las comunidades autónomas pueden completar leyes penales en blanco y, por esa vía, contribuir a configurar el ámbito de lo penalmente prohibido. • 7:a •8:d La respuesta “c” es la que más se aproxima a la descripción de las exigencias del Principio de Legalidad, pero aún así no es correcta ya que también las penas deben estar descritas en la Ley formal con claridad y precisión. •9:b •10:b •11:a •12:d •13:c •14:a •15:c Esta pregunta parece que está formulada de manera cuestionable, ya que los elementos de los tipos penales que requieren de un Juicio de valor para determinar si se dan o no son los elementos “valorativos”. De todas formas, de las respuestas que se proponen la más cercada parece la “c”, ya que los elementos normativos también requieren un juicio de valor y, además, en otras preguntas del test se equiparan los elementos valorativos y los normativos del tipo (aunque técnicamente sean conceptos distintos). •16:a •17:a •18:d •19:b •20:b •21:d •22:c •23:d •24:b •25:b • 26:a •27:a •28:d •29:b •30:d •31:c La respuesta correcta es la “c”, aunque en la página 70 del manual se explica como criterio de la Jurisprudencia, no de la doctrina, y se refiera a otro aspecto de la aplicación práctica de esa conclusión. El motivo es que, en esos casos, la modificación de las cuantías no responde a un cambio en la valoración penal de la conducta, sino a la adaptación de la Ley a la inflación. •32:c •33:a •34:a •35:c Esta pregunta hace referencia a la cuestión de las “leyes intermedias”. Como no están mencionadas en el Art. 2.2 del Código Penal, se considera que podrían ser de aplicación si fuesen más favorables que la anterior y que la posterior (“retroultraactividad”). •36:c •37:c •38:d •39:c El Art. 23.3 LOPJ permite proceder en España por ciertos delitos aunque hayan sido cometidos fuera de España por españoles o extranjeros. Uno de esos supuestos es el delito de falsificación de moneda española. •40:b •41:b •42:c •43:a •44:d •45:d •46:b •47:c •48:b •49:c •50:? •51:c La respuesta correcta es la c porque está prohibido por la CE que una ley en blanco no contenga el núcleo esencial de la prohibición. Comentarios Anónimo No tienes permiso para añadir comentarios. Subpáginas (1): Soluciones © 2015 ISIPEDIA. Todos los derechos reservados

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