sábado, 25 de marzo de 2017

El Defensor del Pueblo

Artículo 54 de la Constitución Española: Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. La institución del Defensor del Pueblo no tiene precedentes en nuestra historia constitucional. Algunos autores citan como precedentes, naturalmente no constitucionales, a algunas instituciones históricas conceptualmente más o menos próximas a ella, como el Justicia Mayor de Aragón. La institución encargada de la supervisión de la actuación administrativa, a la que los ciudadanos pueden dirigirse, sin formalidad alguna, para denunciar los casos de "mala administración" que les afecten, tiene su origen en la Constitución sueca de 1809. Normatividad El artículo 54 de la Constitución configuran una institución de carácter marcadamente unipersonal, de designación parlamentaria, que requiere sendas mayorÍas de tres quintos de cada Cámara para su elección. Esta auxiliado por dos adjuntos designados por él mismo, si bien, previamente, debe obtener, para su nombramiento, la conformidad de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. Es elegido por un período de cinco años y no se requieren más condiciones que ser español, mayor de edad y estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. El Estatuto del Defensor del Pueblo incluye como características más significativas el no estar sujeto a mandato imperativo alguno; no recibir instrucciones de ninguna autoridad (ni siquiera de las Cortes que lo eligieron) y desempeñar sus funciones con autonomía y según su criterio. Por otra parte, es inviolable por los actos realizados en el ejercicio de su cargo, no puede ser detenido sino en caso de flagrante delito y su procesamiento se decide por el Tribunal Supremo. Paralelamente, la Ley establece un cuadro muy completo de incompatibilidades para el desempeño del cargo. Tiene como función la garantía no jurisdiccional de los derechos de todas las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Para ello recibe las quejas de cualquier persona física o jurídica e investiga tanto los hechos denunciados como la correspondiente actuación administrativa, con el fin de comprobar la adecuación de ésta a lo preceptuado en la Constitución y en la legislación vigente. Puede actuar por iniciativa propia, sin haber recibido queja alguna. Además, la Constitución le otorga legitimación para plantear los recursos de inconstitucionalidad y amparo constitucional, así como instar el procedimiento de habeas corpus. Fundamenta sus resoluciones en derecho, sugiere o recomienda a la administración investigada que reconozca y rectifique su error, si es el caso, evitando así al reclamante acudir a un proceso judicial, tan costoso como dilatorio. Sus resoluciones no son vinculantes, tienen la fuerza que les da el ser una "magistratura de opinión" como se ha dicho. Sin embargo, las autoridades o funcionarios que entorpezcan su labor pueden incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Codigo Penal. La primera propuesta de candidatura para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo fue sometida al Pleno del Congreso el 28 de junio de 1982, no alcanzádose la mayoría requerida por la Ley Orgánica 3/1981. Una nueva propuesta, con el mismo candidato, se formuló ante el Pleno del Congreso en diciembre de 1982 y en esta ocasión prosperó pasando al Pleno del Senado donde también obtuvo la mayoría de tres quintos. Esta situación de dificultad para conseguir la mayoría necesaria para el nombramiento se reproduciría posteriormente con candidatos para otros mandatos. Normativa extendida El Defensor del Pueblo también publica, de forma separada y con carácter anual, los Recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos en uso de la legitimación conferida por la Constitución, que pueden ser consultados igualmente en su sitio web. Ademas, el Defensor del Pueblo tiene la facultad de formular recomendaciones y sugerencias a los poderes públicos con el fin de que modifiquen sus criterios de actuación o las normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o perjudiciales. En la publicación Recomendaciones y Sugerencias se recogen anualmente, desde 1983, este tipo de resoluciones, de carácter general, dirigidas a los poderes públicos que, tambien puede consultarse en su página web. Comisionados parlamentarios autonómicos En los Estatutos de algunas Comunidades Autónomas se crearon comisionados parlamentarios para supervisar la actuación de sus respectivas administraciones. Así, el Pais Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y las Illes Balears. En otros casos se introdujo la figura en el momento de la modificación de sus Estatutos (Cantabria, Extremadura y Castilla y Leon) y en otros, por fin se llevó a cabo por Ley de su Asamblea (Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja). Las respectivas denominaciones responden, con frecuencia, a su propia tradición histórico-política y a la existencia de una lengua propia: Ararteko (Pais Vasco), Diputado del Común (Canarias), Justicia de Aragón, Sindic de Greuges (Cataluña e Illes Balears), Valedor do Pobo (Galicia). Síndico de Agravios (Comunidad Valenciana), Procurador del Común (Castilla y León). En otros casos se han inclinado por añadir el adjetivo a la expresión Defensor del Pueblo, así Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. Con el fin de regular las relaciones entre estos comisionados y el Defensor del Pueblo, el Parlamento de Cataluña, las Cortes de Aragón y el Parlamento de Andalucía presentaron ante las Cortes Generales tres proposiciones de ley idénticas que el 14 de marzo de 1985 fueron tomadas en consideración (BOCG. Congreso, serie B, núms. 70, 74 y 80 respectivamente). Tras su eleboración parlamentaria se convirtieron en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autonomas. El Parlamento de Cataluña impugnó la citada Ley 36/1985, lo que permitió al Tribunal Constitucional pronunciarse acerca de la distribución de competencias en la supervisión de las distintas administraciones públicas -General del Estado, autonómicas y locales- entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados Autonómicos en la STC 157/88, de 15 de septiembre. También lo hizo en la STC 142/88 de 12 de julio con motivo del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/1985, de 27 de junio de las Cortes de Aragón , reguladora del Justicia. El Defensor del Pueblo Europeo No debe concluirse esta sinopsis sin una referencia, siquiera breve, a esta institución europea creada por el Tratado de Maastrich de 7 de febrero de 1992. Este Tratado, en su apartado dedicado a la ciudadanía europea, estableció un comisionado parlamentario otorgándole competencias para recibir quejas sobre abusos e injusticias en la actuación de las instituciones y organismos comunitarios, al que, en su versión española, denominó Defensor del Pueblo (art. 138 E). Con ello se ponía fin a una serie de intentos de implantar un ombudsman de ámbito europeo, que habían comenzado a finales de los setenta del pasado siglo y que, hasta entonces, no habían tenido éxito. Durante la preparación del Tratado de Maastrich, en el marco de la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Política, se plantea el asunto por parte de varias delegaciones de los Estados miembros, entre las que destaca la propuesta de la delegación española. La solución finalmente adoptada fue la creación de un ombudsman parlamentario que se ocupara, exclusivamente, de las quejas que afectaran a las actuaciones de organismos e instituciones comunitarios. La protección frente a la "mala administración" de los Estados miembros en la aplicación del Derecho comunitario, se seguiría llevando a cabo según los mecanismos previstos por la legislación interna de cada uno de elllos. En la actualidad, el régimen jurídico del Defensor del Pueblo de la Unión Europea se contiene en los artículos 195 del Tratado de la Comunidad Europea; 20 D del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y 107 D de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que configuran un ombudsman parlamentario de perfil clásico. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Tratados, el Parlamento Europeo adoptó la Decisión sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, aprobada el 9 de marzo de 1994 y modificada por la de 14 de marzo de 2002. Conviene señalar que el Parlamento Europeo eligió al primer titular en julio de 1995, comenzando, a partir de entonces, la actividad de esta institución europea. Antecedentes, textos legales, informes al Parlamento Europeo, recomendaciones, etc. pueden consultarse en el sitio web oficial del Defensor del Pueblo Europeo.

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