domingo, 5 de febrero de 2017

LOFCSE

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: La seguridad pública como competencia exclusiva del Estado. Clases. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. La inconstitucionalidad parcial del artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. La seguridad pública como competencia exclusiva del Estado. El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, comienza diciendo que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado lo cual está en estrecha consonancia con el artículo 149.1.29ª de la Constitución en donde se dispone que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de Policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos de Autonomía en el marco de lo que disponga una Ley Orgánica (la de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), lo que quiere decir que la competencia exclusiva en materia de seguridad pública no admite más excepciones que las que se deriven de la creación del Cuerpos de Policía por las Comunidades Autónomas. La existencia de una Policía Autonómica no modifica la titularidad estatal de la competencia. La referida Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad añade a continuación que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública. Además, hay que recordar que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye a los Municipios competencia en materia de seguridad en lugares públicos. Hay, pues, una competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública, y una participación activa en dicha materia tanto de las Comunidades Autónomas como de las Corporaciones Locales. Finalmente, la Ley dispone que el mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En cuanto al concepto de “seguridad pública”, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 133/1.982, de 8 de junio, que no cabe confundir la seguridad pública con el orden público. La seguridad pública es una noción más estricta y precisa que la de orden público, y se define como la actividad dirigida a la protección de las personas y los bienes. Finalmente, reseñar que la seguridad pública engloba un conjunto plural y diversificado de actuaciones, dentro del cual se incluyen los servicios o actividades policiales, esto es, los que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque también la Protección Civil, la adopción y ejecución de medidas de seguridad en entidades y establecimientos, etc., sin olvidar que, en cualquier caso, la adopción de medidas de seguridad que no se integren o constituyan servicios policiales corresponde al Estado en base a sus competencias exclusivas sobre seguridad pública (SSTC 177/1.984, de 5 de diciembre y 104/1.989, de 8 de junio). Clases. Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno, esto es, los Cuerpos Nacional de Policía y Guardia Civil. b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca. Principios básicos de actuación. Los principios básicos de actuación pueden conceptuarse como un auténtico Código Deontológico de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Son los ejes fundamentales en torno a los cuales gira el desarrollo de las funciones policiales. Los principios básicos de actuación se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo los siguientes: 1) Adecuación al Ordenamiento Jurídico, especialmente: • Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico. • Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. • Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. • Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. • Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley. 2) Relaciones con la comunidad, singularmente: • Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. • Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. • En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. • Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 3) Tratamiento de detenidos, especialmente: • Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. • Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. • Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el Ordenamiento Jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. 4) Dedicación profesional, deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana. 5) Secreto profesional, deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera. 6) Responsabilidad, son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderá a las Administraciones Públicas por las mismas. Disposiciones estatutarias comunes. Se regulan en los artículos 6 a 8 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata de disposiciones sobre el estatuto común a todos los colectivos policiales. Estas disposiciones son las que se exponen a continuación: a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen derecho a que los Poderes públicos promuevan una adecuada promoción profesional, social y humana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. b) La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrá carácter profesional y permanente y los estudios que cursen en centros de enseñanza de las Administraciones públicas podrán ser objeto de convalidación. c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. d) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán derecho a una remuneración justa. e) El régimen de horario de servicio se adaptará a las peculiares características de la función policial. f) Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad. g) La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. h) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. i) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad. j) Cuando se cometa delito de atentado empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos y otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán, al efecto de su protección penal, la consideración de autoridad. k) La Jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones. l) El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos. m) La iniciación de un procedimiento penal contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no impedirá la incoación y tramitación de un procedimiento disciplinario por los mismos hechos, si bien la resolución definitiva del procedimiento disciplinario sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme y la declaración de hechos probados vinculará a la Administración pública de que se trate. La inconstitucionalidad parcial del artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que “La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones. Iniciadas unas actuaciones por los Jueces de Instrucción, cuando éstos entiendan que existen indicios racionales de criminalidad por la conducta de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, suspenderán sus actuaciones y las remitirán a la Audiencia Provincial correspondiente, que será la competente para seguir la instrucción, ordenar en su caso el procedimiento y dictar el fallo que corresponda. (Declarado inconstitucional por STC 55/1.990, de 28 de marzo). Cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de Instrucción serán competentes para la instrucción y el fallo, de conformidad con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en que sea competente la jurisdicción militar.” Este artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aforaba a los miembros de éstos en caso de delito ante la Audiencia Provincial correspondiente y en el caso de faltas ante el juez de instrucción. Ello anulaba un eventual enjuiciamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por parte de los jueces de lo penal en el caso de los delitos y de los jueces de paz en el caso de las faltas, siendo competente únicamente las Audiencias Provinciales tanto para la instrucción como para dictar el fallo correspondiente. Sobre dicho precepto se plantearon diversas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional el cual, mediante sentencia 55/1.990, de 28 de marzo declaró inconstitucional y por ello nulo el párrafo segundo del artículo 8.1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por opuesto al artículo 24.2 de la Constitución dada la atribución a las Audiencias Provinciales de la competencia para instruir, manteniendo la constitucionalidad de los restantes párrafos del artículo 8.1, por lo que los jueces de instrucción son competentes para el enjuiciamiento de cualquier falta cometida en el ejercicio del cargo por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quedando de este modo excluida una eventual competencia de los Juzgados de Paz. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por: a) El Cuerpo Nacional de Policía, que es un instituto armado de naturaleza civil, dependiente del ministro del interior. b) El Cuerpo de la Guardia Civil, que es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del ministro del interior, en el desempeño de las funciones que le atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del ministro de defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del ministro de defensa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. f) Prevenir la comisión de actos delictivos. g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez o tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes. h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la Seguridad Pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. i) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. Las funciones señaladas serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias: a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial. Además de las funciones comunes, se establece la siguiente distribución material de competencias: Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía: a) La expedición del Documento Nacional de Identidad y de los pasaportes. b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. f) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del Ministerio del Interior. g) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. Serán ejercidas por la Guardia Civil: a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicas, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. f) La conducción interurbana de presos y detenidos. g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto, podrán crear Cuerpos de Policía propios. Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior podrán solicitar al Gobierno de la Nación, a través del ministro del interior, la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma a través de acuerdos administrativos de colaboración de carácter específico. Estas Unidades dependerán funcionalmente de las autoridades de la Comunidad Autónoma y orgánicamente del Ministerio del Interior. Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean la creación de Cuerpos de Policía podrán firmar acuerdos de cooperación específica con el Estado. Las Comunidades Autónomas que hayan creado Cuerpo de Policía propio podrán ejercer, a través de los mismos, las siguientes funciones: Con carácter de propias: a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. b) La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. c) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. d) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. b) Participar en las funciones de Policía Judicial. c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas. De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: a) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. b) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de protección civil. c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados Cuerpos deberán vestir el uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que autoricen las Juntas de Seguridad. Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas sólo podrán actuar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma respectiva, salvo en situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades estatales. No obstante, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de la Comunidad Autónoma, podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo, previa autorización del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.

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