miércoles, 22 de febrero de 2017

derecho constitucional

TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CARACTERES. LOS VALORES SUPERIORES Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LA CONSTITUCIÓN Y EL SISTEMA DE FUENTES. LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES. LA REFORMA CONSTITUCIONAL. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ESTRUCTURA Y CARACTERES Proceso constituyente. La CE es resultado de un proceso constituyente que se inició el 15 jun 1977 con elección de las Cortes Constituyentes y finalizó el 6 dic 1978 con su aprobación por referéndum popular, seguida el 29 dic 1978 de su publicación en el BOE y entrada en vigor. Estructura. La CE consta de 169 artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DF. Su articulado se organiza en un Título Preliminar y 10 Títulos, que tratan: 1“De los derechos y deberes fundamentales”, 2“De la Corona”, 3“De las Cortes Generales”, 4“Del Gobierno y de la Administración”, 5“De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, 6“Del Poder Judicial”, 7“Economía y Hacienda”, 8“De la organización territorial del Estado”, 9“Del Tribunal Constitucional”, 10“De la reforma constitucional”. El Título I corresponde a la parte dogmática y es el más extenso, pues consta de 46 artículos en 5 Capítulos: 1“De los españoles y los extranjeros”, 2“Derechos y libertades”, 3“Principios rectores e la política social y económica”, 4“Garantías de las libertades y ddff”, 5“Suspensión de los derechos y libertades”. El Título III TB está dividido en Capítulos: 1“De las Cámaras”, 2“De la elaboración de las leyes”, 3“De los Tratados internacionales”, así como el Título VIII: 1“Principios generales”, 2“De la Administración Local”, 3“De las CCAA”. Caracteres: - Democrática. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho […].  De Derecho. Sumisión formal a la Ley, reconocimiento de derechos y libertades (Sección 1ª, Capítulo II, Título I) y protección de los mismos (53, 168).  Democrático. Organiza sus instituciones desde la perspectiva de su carácter representativo y mediante un modelo de separación de poderes (importancia de los partidos políticos (6), “todo Estado democrático moderno es un estado de partidos”).  Social. El Estado debe realizar una positiva labor de confirmación social (9.2). 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Monismo del poder, carácter democrático de la organización del Estado. - Monárquica. 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. - Autonomista. 2. La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Estado de las Autonomías (Título VIII). - Garantista. Auténtica declaración de derechos y medios de protección (53, 168). * De consenso. Por un lado, amplitud de materias reguladas; por otro, diversa precisión de esta regulación LOS VALORES SUPERIORES Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Diferencia. Los valores superiores (1.1) son objetivos generales a alcanzar por el Estado a través del ordenamiento jurídico, y por tanto alcanzan la totalidad del mismo. Los principios constitucionales (9.3), por su parte, son principios generales del Derecho que el legislador constituyente ha considerado necesario positivar para dar una guía de actuación a los operadores jurídicos, y no tienen ese valor de totalidad. Valores superiores. 1.1. […] que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad. Tiene dos dimensiones: - Organizativa. Se refleja en las siguientes exigencias: 1soberanía popular, 2tolerancia, 3elección de gobernantes por sufragio universal, 4separación de poderes, 5reconocimiento y garantía de derechos fundamentales. - Status de las personas:  Libertad-autonomía, por la que existe un ámbito de actuación del individuo sin injerencias ajenas.  Libertad-participación, por la que el ciudadano participa de los asuntos públicos y creación de las leyes.  Libertad-prestación, por la que el Estado tiene obligaciones positivas con respecto al ciudadano. Justicia. Es un concepto difícil de definir: “dar a cada uno lo suyo”, pero no se define qué es lo suyo de cada cual; acoplamiento social, pero no se define cómo realizarlo; Derecho natural, pero no se define cuál es su contenido. KELSEN: se identifica con los contenidos de libertad del sistema democrático, y en esto no añade nada a la libertad o la igualdad. TC: a veces se identifica con la equidad, en cuyo caso no opera como valor superior del ordenamiento sino como mecanismo por el cual los jueces y tribunales incluyen criterios de moralidad en sus resoluciones; o con la igualdad, en cuyo caso no aporta nada nuevo. PECES BARBA: la inclusión de la justicia en el art. 1.1 es superflua por cuanto no aportada nada a la libertad e igualdad, y a veces genera más problemas de los que resuelve. Igualdad. Hay varias manifestaciones en la CE: 1.1 (valor superior), 9.2 (Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas […]), 14 (igualdad ante la Ley). Pluralismo político. Hace referencia al pluralismo democrático, representado en la CE por el art. 6 (partidos políticos). No obstante, también se aprecia un pluralismo social en el art. 7 (sindicatos y asociaciones empresariales), pluralismo social in genere en el art. 9.2 (individuos y grupos en que se integra), pluralismo territorial en el art. 2, pluralismo lingüístico en el art. 3. Principios constitucionales. 9.1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la CE y al resto del ordenamiento jurídico. 9.3. La CE garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. - Legalidad. AAPP: sometimiento a la Ley (103), control judicial de la legalidad de la actuación administrativa (106). - Publicidad. El Rey sancionará, promulgará y ordenará la inmediata publicación en el BOE en el plazo de 15 días (91), los Tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (96). - Seguridad jurídica. Es síntesis de los demás principios, e implica la previsibilidad de la interpretación y aplicación del Derecho por parte del poder público, lo que implica el necesario conocimiento tanto de las normas del ordenamiento como de los actos de su aplicación. - Responsabilidad. AAPP por funcionamiento de servicios públicos (106), Administración de Justicia por error judicial o funcionamiento anormal de la misma (121), Gobierno por responsabilidad penal (102). LA CONSTITUCIÓN Y EL SISTEMA DE FUENTES El sistema de fuentes del art. 1 CC sufrió modificaciones por la entrada en vigor de la CE: - CE. Ya no es norma programática sino norma fundamental del Estado, fuente principal del ordenamiento y de directa aplicación sobre el resto. Todo el ordenamiento está sometido a la CE y debe interpretarse conforme a ella. - LO. Junto a las Lord, aparecen las LO, y se desarrolla un nuevo principio de articulación del sistema de fuentes, el principio de competencia. - LCA. Junto a las LEdo, aparecen las LCA. - Leyes marco, leyes de armonización. Como consecuencia de la distribución territorial del poder, aparecen las Leyes marco de delegación de competencias y las Leyes de armonización de disposiciones normativas de las CCAA (150). - Tratados. Se permite la celebración de Tratados internacionales (93-96). - Convenios colectivos. Son fuente de producción de normas laborales (37). LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y SU POSICIÓN EN EL SISTEMA DE FUENTES Concepto. No regulado en CC ni CE. Según la Convención de Viena sobre tratados internacionales 23 may 1969 (ESP 2 may 1972 BOE 13 jun 1980), es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho internacional, independientemente de en cuántos instrumentos conste y de su denominación. Clases: - Autorización de las Cortes por LO. 93.1. Mediante LO se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE. […]. 81.2. La aprobación, modificación o derogación de las LO requerirá mayoría absoluta del Congreso, en votación final sobre el conjunto del proyecto. - Autorización de las Cortes. 94.1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes, en los siguientes casos:  Tratados de carácter político.  Tratados de carácter militar.  Tratados que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.  Tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.  Tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. - Informar inmediatamente. 94.2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Posición en el sistema de fuentes. Integración en el ordenamiento jurídico interno. - Posturas doctrinales.  Tesis monista. Un único ordenamiento, tratados se integran automáticamente en el ordenamiento interno, por ser el mismo que el internacional.  Tesis dualista. Ordenamientos jurídicos diferenciados, necesidad de un instrumento de recepción especial para trasponer el tratado al ordenamiento interno. - Nuestro ordenamiento jurídico. 96. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. […]. Unos, teoría monista, otros, teoría dualista. DÍEZ DE VELASCO: el tratado es válido desde la fecha pactada internacionalmente por las partes y en ese momento se produce su recepción automática en el ordenamiento interno, pero para su eficacia (que cree derechos y obligaciones directamente exigibles por los particulares) se requiere su publicación en el BOE. Rango. La doctrina entiende que tienen rango de ley, pero con particularidades, pues según el art. 96. […]. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. […]. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Función. Es una vía de adaptación de la CE a la realidad que se mueve entre dos polos: la necesidad de que la CE evolucione sin ruptura, y la necesidad de que la CE sea estable en el tiempo para permitir su conocimiento por los ciudadanos. Iniciativa de reforma constitucional. 166. La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 (Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas Legislativas CCAA, iniciativa popular). Procedimiento. Ordinario. 167. 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 2. De no lograrse la aprobación por el procedimiento del ap. anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 2/3 podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Agravado. 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Observamos en el procedimiento agravado un bicameralismo perfecto y una excesiva rigidez, por cuanto se requieren mayorías muy cualificadas, 2 legislaturas diferentes y con 2 consultas populares (una por elección a Cortes Constituyentes, la otra por referéndum de ratificación). Prohibición. 169. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el art. 116 [alarma, excepción o sitio].   TEMA 2. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY. LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS. DECRETOS-LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS. LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Dimensiones. Material. Determinadas materias sólo pueden ser reguladas por ley, sea Lord o LO según establezca el principio de competencia; LEdo o LCA según establezca la distribución de competencias. ¿Existe vulneración si el Gobierno regula estas materias? - Si la ley sólo realiza una regulación fragmentaria o no regula nada y se remite a los reglamentos (deslegalización de la materia): sí. - Si la ley regula los elementos esenciales y deja los secundarios o accesorios a los reglamentos: no. Formal. Una materia, una vez regulada por ley, sólo podrá ser modificada o derogada por otra ley posterior (2.2CC, 1.2CC). Esto es así porque su rango se ha elevado y se ha congelado en dicho nivel superior (“principio de congelación del rango”). LEYES ORGÁNICAS Y LEYES ORDINARIAS LO. 81. 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. - Materias. Las demás previstas en la CE: bases de la organización militar (8), DP (54), suspensión individual de ddff (55.2), orden sucesorio de la Corona (57.5), iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley (87.3), modalidades de referéndum (92.3), autorización para la celebración de Tratados Internacionales (93), funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las FFCCSeg (104.2), composición y competencia del Consejo de Estado (107), estados de alarma, excepción y sitio (116), constitución, funcionamiento y gobierno de los JyTrib, estatuto jurídico de los JyMag y del personal al servicio de la Admón Justicia (122), composición, organización y funciones del TCu (136), alteración de los límites provinciales (141.1), supuestos especiales de constitución de CCAA (144), policía de las CCAA (148.1 y 149.1), referéndum (151.1), ejercicio de competencias financieras de las CCAA (157.3), TC (165). - Quórum. Problemas de interpretación: - Desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.  Desarrollo. Algunos: toda la regulación, incluso siendo parcial o indirecta; otros (doctrina mayoritaria y apoyada por el TC): sólo la regulación directa.  Derechos fundamentales y libertades públicas. Sección 1ª del Cap 2 del Título I - Las que aprueban los EA.  EA. No son simples LO, pues de ser así podrían ser modificadas por otras LO posteriores. Esto se ve reforzado por: 1exigencia, en los propios EA y de conformidad con la CE, de un quórum reforzado de 2/3 a 3/5 para su modificación; 2necesario referéndum para la modificación de EA de CCAA que han accedido a la autonomía por la vía del 151 (152.2). - Régimen electoral general.  General. son todas las elecciones (generales, autonómicas, locales)  Normas. No sólo las básicas sino también las puramente procedimentales. Régimen jurídico: - Emanadas de las Cortes Generales, nunca de las Asambleas Legislativas de las CCAA. - Las materias reservadas a LO no pueden delegarse al Gobierno (82). - Queda excluida la iniciativa popular (87.3) Rango. - Antes. Según principio de jerarquía normativa, se defendió que las LO estaban un escalón por encima de las Lord y un escalón por debajo de la CE. - Ahora. Según el principio de competencia (81), no existe jerarquía normativa entre las leyes sino que simplemente las Lord no pueden regular materias reservadas a LO. Esta tesis está reforzada por el art. 28.2 LOTC. Asimismo el TC podrá declarar inconstitucionales por infracción del 81CE los preceptos de un D-L, DLeg, Ley que no haya sido aprobada con el carácter de LO o LCA en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a LO o impliquen modificación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter cualquiera que sea su contenido. Críticas: - Es imposible encontrar un hilo conductor en la CE que justifique la elección de esas materias como reservadas a LO. - Es una institución de origen francés de difícil encaje en el sistema español. - Es una excepción al principio según el cual la ley es la resolución momentánea por mayoría simple del órgano parlamentario. LEYES ORDINARIAS Tipos: - De Pleno. 87-91. Aprobación por el Congreso, remisión al Senado, que puede aprobar, en cuyo caso es el fin del procedimiento; o ejercer su derecho de veto (por mayoría absoluta) o introducir enmiendas, en cuyo caso se remitirá de nuevo al Congreso, que podrá superar el veto (por mayoría absoluta) y decidir sobre las enmiendas. Una vez aprobado el proyecto de ley, el rey lo sancionará, promulgará y ordenará su inmediata publicación en el plazo de 15 días. - De Comisión. 75. 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. - Refrendadas:  Reforma constitucional. 167 (potestativo), 168 (obligatorio)  Reforma de los EA. 152.2 (CCAA que accedieron a la autonomía por 151)  Decisiones políticas de especial trascendencia. 92. - Paccionadas. Elaboradas por Edo y CA, no susceptibles de modificación unilateral. P.ej., LO 13/1982, 10 ago, Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. - Medida. Para resolver un problema concreto, se asemejan más a actos administrativos. P.ej., leyes de acompañamiento presupuestario o leyes de medidas. DECRETOS-LEYES Y DECRETOS LEGISLATIVOS DECRETOS-LEYES 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las CCAA ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Límites: - Presupuesto habilitante. Criterios cuantitativo y temporal, a valorar por el Congreso. - Materias vetadas. Crítica a la expresión “instituciones básicas del Estado”, pues no se enumeran. Control: - Convalidación. Mantiene la denominación de Decreto-Ley. - Derogación. Los efectos producidos anteriormente se mantienen, pues se dictaron en una situación legítima, salvo que el instrumento de derogación establezca otra cosa. - Modificación. Pese al tenor del precepto, la práctica y el Reglamento del Congreso entienden que la convalidación y la modificación son decisiones sucesivas. Lógicamente la decisión de modificación, no ésta en sí misma, es lo que ha de hacerse en el plazo de 30 días. DECRETOS LEGISLATIVOS 82-85. 82.1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior [LO]. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa, para cada caso concreto y con fijación de plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga de ella el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a Autoridades distintas del propio Gobierno. […]. 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de DLeg. Tipos. - Textos Refundidos.  Tarea: refundir leyes.  Delegación: Lord, 82.5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.  Forma: Decreto, pero Rango: Ley y por tanto cuando entra en vigor las normas refundidas pierden vigencia.   - Textos Articulados.  Tarea: desarrollar las bases  Autorización: Ley de Bases, 82.4. Las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 83. Las Leyes de bases no podrán en ningún caso: 1autorizar la modificación de la propia Ley de bases; 2facultar para dictar normas con carácter retroactivo.  Forma: Decreto, pero Rango: Ley y por tanto puede modificar o derogar leyes anteriores.  84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Control. - Tribunal Constitucional, ante posibles vicios de inconstitucionalidad (161.1.a), 27 LOTC) - 82.6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las Leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Jurisdicción contencioso-administrativa (Ley 29/1998, 13 jul), en lo que exceda de la delegación por tener rango reglamentario. LEYES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Denominación. Reciben varias denominaciones: leyes autonómicas, territoriales, regionales… todas susceptibles de objeciones, por lo que la más adecuada es leyes de las CCAA. Rango: Ley, pero con peculiaridades en cuanto a su sanción y promulgación: no se sancionan, pero se promulgan por el Presidente de la CA en nombre de S.M. el Rey, lo que garantiza su ejecución en la misma forma que las LEdo. Materias: las que se hayan atribuido en sus EA en función de los criterios de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA (148, 149) y de su vía de acceso a la autonomía (plena, 151 ó DT2ª; gradual, 143), pudiendo ser en todo caso exclusivas o compartidas; y las transferidas o delegadas por el Estado (150.2). Relación LEdo – LCA: - En materias de competencia exclusiva de la CA: la LEdo es supletoria (supletoriedad, 149.3) y la LCA puede derogar LEdo preconstitucionales que regulen dichas materias. - En materias de competencia compartida: la LEdo prevalece en caso de conflicto (prevalencia, 149.3). Diferencias LEdo – LCA: - Leyes de armonización de disposiciones normativas de las CCAA. 150.3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. - Suspensión de la vigencia. 161.2CE, 30 LOTC. El Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. TEMA 3. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA. LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AUTONÓMICO POR LOS TRIBUNALES. RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS AUTONÓMICOS. SIGNIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE PREVALENCIA Y SUPLETORIEDAD. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Estado de las Autonomías. 2. La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Título VIII “De la organización territorial del Estado”. Concepto de autonomía. ¡Problema! Hay diversidad de posturas doctrinales sobre su contenido y la CE emplea el término respecto de entes y órganos muy dispares. SANTAMARÍA PASTOR: titularidad de poderes públicos conferida a las CCAA, con 2 vertientes: - Positiva. Las potestades públicas atribuidas son 1superiores, pues son las de mayor intensidad y generalidad de cuantas pueden ostentar los entes públicos, p.ej., normativa, de autotutela, tributaria, expropiatoria o sancionadora; 2diversificadas, cuya extensión e intensidad disminuyen en función del ámbito territorial del ente o de las competencias asumidas; 3no necesariamente exclusivas, pues la distribución de poderes no responde a un sistema nítido de reparto de funciones ni a un criterio material sino funcional. - Negativa. Son poderes 1limitados (“Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía […] y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al principio de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido”, STC 4/1981, 2 feb); y 2constitucionalmente protegidos, pues la CE configura la estructura plural y autonómica del Estado como un modelo permanente que ha de mantenerse. Concepto de EA. 147.1. Dentro de los términos de la presente CE, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada CA […]. Contenido de EA. 147.2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: - La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. - La delimitación de su territorio. - La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. - Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 81. Son LO […] las que aprueben los EA. Reserva de LO estatal que aprueba el EA. Posteriormente, ciertos aspectos podrán regularse por LCA, p.ej., instituciones autónomas propias, pero no por Ley Edo Caracteres de EA. - Normas del Edo y CA. 147.1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada CA y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 147.3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante LO. - Normas subordinadas a la CE. No son del mismo rango, deben interpretarse conforme a la misma. Consecuencias. 1Posible vicio de inconstitucionalidad, 2análisis de competencias según CE, 3vulnerables a posible reforma de la CE. LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE LAS CCAA Su sistema normativo se compone de: - Estatutos de Autonomía. Norma institucional básica, primer rango jerárquico tras CE. - Leyes autonómicas parlamentarias en el ámbito de sus competencias. - Decretos Legislativos. Previstos en varios EA (16 EA Madrid). - Decretos-Leyes. No previstos en EA. ¿Se puede? Sí, por paralelismo y aplicando 86. No, por falta de previsión estatutaria respecto a la aprobación y control. Ahora, 110 EA And. - Reglamentos. ¿Quiénes? Consejo de Gobierno, sin perjuicio de órganos administrativos unipersonales respecto de las materias propias de su Departamento. LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO AUTONÓMICO POR LOS TRIBUNALES Órgano competente. 123.1. El TS, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 152.1. […] Un TSJ, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la CA. […]. Articulación. 478.1 LEC. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la CA, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución. Fundamento: unificación en la aplicación del Derecho autonómico, pero crítica: el Derecho autonómico no es un sistema cerrado, sino un subsistema del ordenamiento jurídico nacional. Problemas: - Que conozca un TSJ de distinta CA a aquella que ha dictado la norma cuya aplicación se pretende. Esto ocurre, p.ej., en el ámbito civil en cuanto que el fuero general es el domicilio del demandado; en el ámbito contencioso-administrativo sancionador, se puede elegir entre el fuero del lugar donde se ha producido el acto administrativo impugnado o el de su domicilio (TC: “de la CE no se deduce que deba existir una estricta correspondencia entre el ámbito jurisdiccional del TSJ y el acto administrativo que se impugna ante ese Tribunal”). Puede originar contradicciones en las soluciones otorgadas, y no existe mecanismo para unificar criterios. - Que el Derecho autonómico sea simple reproducción del Derecho estatal. Esto ocurre, p.ej., en materia urbanística. El TS permite que se interpongan recursos de casación ante él cuando los TSJ hayan interpretado los preceptos en contra de la doctrina que sobre los mismos tenga el TS. - Que la CA, en ejecución de las bases establecidas por el Estado, reproduzca sus preceptos. No pierden por ello ni su rango ni su carácter de básico, por lo que no hay inconveniente para interponer recurso de casación ante el TS alegando su infracción. - Que se planteen tanto cuestiones de Derecho autonómico como de Derecho estatal. El TS sólo resolverá las de Derecho estatal. P.ej., si resuelve declarando improcedente un óbice procesal y el fondo es de Derecho autonómico, no entrará a conocer el mismo y remitirá el asunto al tribunal de instancia.   RELACIONES ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y LOS AUTONÓMICOS RELACIÓN PRIMARIA. Los ordenamientos estatal y autonómico no se rigen por el principio de jerarquía sino por el de separación o competencia (c/u se mueve en su propio ámbito competencial y, en tal ámbito, excluye la aplicación de las normas de cualquier otro ordenamiento, GARCÍA DE ENTERRÍA). RELACIONES DE COLABORACIÓN. Partiendo de la sustantividad propia de cada ordenamiento jurídico, distinguimos las siguientes relaciones: De cooperación: - Regulación concurrente del Estado y las CCAA sobre la misma materia:  Singularmente a través de legislación básica.  Bases por el Estado y desarrollo por la CA. P.ej., cuando la CE reserva al Estado la regulación de las “bases” (149.1.8ª, 11ª, 13ª, 16ª, 18ª y 25ª), “legislación básica” (149.1.17ª, 18ª y 23ª); “normas básicas” (149.1.27ª y 30ª) o un “régimen general” (149.1.21ª). - Ejecución autonómica de la legislación estatal. P.ej., cuando la CE prevé la ejecución por las AAPP de las CCAA bien de la legislación estatal (149.1.7ª, 16ª, 17ª y 28ª), bien del conjunto normativo único resultante de las normas básicas del Estado y de su desarrollo autonómico. - Coordinación estatal de competencias mediante directrices y planificación. P.ej., 149.1.13ª, 15ª y 16ª. Esto es distinto de la fijación de bases normativas, pues consiste en señalar medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la actuación conjunta de las autoridades en el ejercicio de sus respectivas competencias (STC 32/1983, 28 abr). De interferencia: - Leyes estatales de delegación de competencias. 150. 1. [Leyes marco:] Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o algunas de las CCAA la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las CCAA. 2. [Leyes de transferencia o delegación:] El Estado podrá transferir o delegar en las CCAA, mediante LO, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado. - Leyes estatales de armonización. 150. 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las CCAA, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad. - Coerción estatal. 155. 1. Si una CA no cumpliere las obligaciones que la CE u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la CA y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las CCAA. De integración. 149.3 (prevalencia y supletoriedad).   SIGNIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE PREVALENCIA Y SUPLETORIEDAD CLÁUSULA DE PREVALENCIA. Antecedentes. Su origen está en la Constitución de EEUU de 1787. En España su precedente está en la Constitución de 1931. Kelsen y De Otto se opusieron a ella por considerar que facultaba al legislador estatal a atribuirse más competencias. Regulación CE. 149.3. […] La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. Concepto. Es una norma de colisión para los casos de conflicto entre LEdo y LCA cuando ambas regulen una materia en el ámbito de sus respectivas competencias (caso de competencias concurrentes, p.ej., cultura). Precisiones: - No resuelve todo conflicto normativo entre LEdo y LCA. - No es un principio interpretativo que postule una interpretación favorable a favor de la titularidad estatal de competencias. De hecho, una norma estatal que entrase en el ámbito autonómico garantizado por la CE y el EA no sólo no podría prevalecer sobre la norma autonómica, sino que sería nula por vulnerar el bloque de la constitucionalidad (28.1LOTC, 147.3 y 152.2CE). Supuestos de colisión: - Ley estatal dictada con posterioridad a la autonómica: se aplicará con preferencia la ley estatal. - Ley estatal anterior a la autonómica: no se puede aplicar la cláusula de prevalencia, por lo que, si el juez ordinario considerase que existe contradicción entre la ley autonómica y la estatal, deberá acudir al TC por la vía del 163. - Ley autonómica posterior contradictoria con norma reglamentaria anterior: se aplicará la ley autonómica, por lo que, en caso de que el tribunal ordinario estimase que la ley autonómica puede ser inconstitucional por ir en contra de la norma básica estatal, deberá acudir al TC por la vía del 163. - Norma reglamentaria estatal contradictoria con ley autonómica anterior: el juez ordinario, tras realizar un juicio positivo de legalidad de la norma reglamentaria estatal, podrá aplicarla con preferencia a la autonómica, cesando esta última en su eficacia. Si duda de la validez del reglamento, el juez ordinario deberá aplicar la ley autonómica dejante inaplicado el reglamento estatal. CLÁUSULA DE SUPLETORIEDAD. Regulación CE. 149.3. […] El Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las CCAA. Concepto. Es una norma que se fundamenta en que el Derecho estatal es común y completo y por tanto necesariamente supletorio del Derecho autonómico, especial e incompleto. El carácter incompleto se aprecia, p.ej., 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre: 6º. […] Legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las CCAA. Precisiones: - No integra simples lagunas, sino que ofrece las bases para que los Derechos autonómicos operen. - El Derecho estatal no es sólo la legislación del Estado, sino todo su sistema de fuentes. - El Derecho estatal es la única conexión sistemática entre los ordenamientos autonómicos, con prohibición de acudir a derechos extranjeros o históricos. TEMA 4. EL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA. LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA Y DERECHOS FUNDAMENTALES. EL SINGULAR CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCIÓN. EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN PARTICULAR, EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL TÍTULO I DE LA CE Parte dogmática. El Título I integra la parte dogmática de la CE, cumpliendo, en el plano nacional, los imperativos del 1.1 CE (Estado social y democrático de Derecho) y en el plano internacional, las directrices del 16 de la DUDHC de 1789. La parte dogmática de la CE recoge el conjunto de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, mientras que la parte orgánica trata la distribución de competencias y la articulación entre los poderes del Estado. Estructura. Consta de 46 artículos organizados en 5 Capítulos: 1“De los españoles y los extranjeros” (condiciones de ejercicio de los ddff, que representan a veces derechos en sí mismas), 2“De los derechos y libertades” (14, Sección 1ª “ddff y llpp”, Sección 2ª “Derechos y deberes de los ciudadanos”), 3“De los principios rectores de la política social y económica”, 4“De las garantías de las libertades y derechos fundamentales”, 5“De la suspensión de los derechos y libertades”; presididos por el art. 10 relativo a los principios fundamento del orden político y la paz social. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA Concepto. Es el respeto a la persona que implica no menoscabar sus derechos fundamentales. 10.1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Positivación de principios generales. Junto con 1.1 (valores superiores) y 9.3 (principios constitucionales). Los fundamentos del orden político y de la paz social son difíciles de diferenciar de los valores superiores por cuanto ambos son valores anteriores a la propia CE; los principios constitucionales, en cambio, son creación de la dogmática jurídica. Valor normativo. Se ha dudado de su valor jurídico por cuanto el precepto tiene un tono didáctico, persuadiendo al lector de la bondad de los imperativos que se sucederán, y carece de las garantías del 53 y 168, si bien no hay que olvidar son preceptos constitucionales con todo el plus de protección que ello conlleva. Hacen referencia al fundamento ideológico de los derechos de libertad civil y del Estado social, sobre todo en relación al 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este precepto plantea la cuestión de si la lista de derechos fundamentales de la CE es abierta o cerrada. Algunos autores entienden que es cerrada por cuanto no existe fórmula alguna que indique su carácter abierto; mientras que otros entienden que la referencia a “los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad” implica una lista abierta. En cualquier caso, habrá que estar a la interpretación jurisprudencial del precepto. LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA Y DERECHOS FUNDAMENTALES Antecedentes. La reflexión sobre los derechos fundamentales se remonta a los inicios del pensamiento humanista. En los siglos XVI-XVII se denominan “derechos naturales”, a partir del siglo XVIII pasan a llamarse “derechos del hombre” y en 1789 se consagran en la DUDHC. En la época del constitucionalismo se plasmaron en las Constituciones. Así, los ddff aparecen como la fase más avanzada del proceso de positivación de los derechos naturales en los textos constitucionales del Estado de Derecho. Conceptos afines. Derechos humanos son las facultades que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos. Derechos fundamentales son los efectivamente garantizados por el ordenamiento jurídico positivo. Libertades públicas son el ámbito de actuación de los particulares ajenos a intromisiones externas, y otorgan a su titular un poder de reacción para su defensa. Derechos fundamentales otorgan a su titular un poder de actuar y manifestar el señorío de su voluntad. Significación de los ddff: - Objetiva: normas constitucionales que recogen los valores esenciales del ordenamiento constitucional. - Subjetiva: derechos subjetivos esenciales dotados de una garantía privilegiada. EL SINGULAR CRITERIO DE INTERPRETACIÓN DE LOS DDFF DEL 10.2 CE Interpretación. Según su papel central en el ordenamiento. Las disposiciones deben ser interpretadas conforme a la CE y, en consecuencia, a la luz de los ddff. Consecuencias:  Interpretación extensiva de los ddff. Esto es, de la forma más favorable a su ejercicio, por cuanto son normas favorables (favorabilia sunt amplianda).  Interpretación restrictiva de los límites a los ddff. Esto es, de la forma menos favorable a su aplicación, pues son normas odiosas (odiosa sunt restringenda). Según 10.2. Las normas relativas a los ddff y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la DUDH y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Críticas. Superfluo (96), los tratados reflejan un mínimo de protección, menor que la de la propia CE. En la práctica. El TC hace referencia a los tratados para ampliar y completar el contenido del derecho tal y como se reconoce en el ordenamiento interno. Se permite integrar en el ordenamiento interno la doctrina de tribunales internacionales tales como TEDH (Convenio de Roma, 1950). EFICACIA DE LOS DDFF, EN PARTICULAR EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES Valor normativo. Hoy en día es incuestionable, si bien necesita unas precisiones (53): 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2º del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161.1.a) [recurso de inconstitucionalidad]. Son auténticos derechos subjetivos directamente ejercitables por sus titulares. 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo 2º ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el TC. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30. Se establece una protección reforzada. 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 3º informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen. Cabe cuestionarse ¿son normas meramente programáticas? García de Enterría, y la mayoría de la doctrina piensa como él, considera que tienen verdadera aplicabilidad judicial, por cuanto los Tribunales deben tenerlos en cuenta al dictar sus resoluciones y el TC puede basarse en ellos para declarar la inconstitucionalidad de una disposición. Principio de vinculación. Se establece en el 53.1, pero también en el 9.1, lo que nos hace preguntarnos acerca del primero: - ¿Es superfluo? No, pues era necesario distanciarse de cualquier tentación de considerar que los ddff tenían mera eficacia programática. - ¿Implica una vinculación distinta? Sí,  Eficacia frente a los poderes públicos: inmediata y directa, aunque el derecho no se hubiese desarrollado por ley, p.ej., objeción de conciencia. Las circunstancias específicas de cada caso modularán su eficacia, p.ej., si es español o extranjero, persona física o jurídica…  Eficacia frente a los particulares: mediata e indirecta, esto es, a través de la actuación de concreción de la misma por parte de los poderes públicos (legislador, jueces y tribunales). A la postre, su eficacia es muy similar a la eficacia directa, aunque los dos esquemas de funcionamiento no son equiparables. LÍMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Deben ser interpretados de forma restrictiva, pues son normas odiosas (odiosa sunt restringenda). Intrínsecos. Se derivan de la propia naturaleza del derecho, esto es, son el marco de actuación del sujeto, p.ej., 20.1.c) (libertad de cátedra sólo ampara a los profesores en el ejercicio de su función educativa y no en otros ámbitos). También pueden derivarse de la necesidad de ejercitar los derechos fundamentales, con buena fe y sin abuso. Extrínsecos. Los que impone el ordenamiento jurídico. Explícitos. Los establecidos de forma expresa en un precepto. Generales. Relativos a todos los ddff.  10.1 (respeto a los derechos de los demás). Éste es un límite genérico de contornos imprecisos que presupone colisión de derechos y debe ser apreciado caso por caso, según la naturaleza y el uso que se haga de los derechos. Concretos. Relativos a ddff específicos.  16 (orden público en la manifestación de la libertad ideológica, religiosa y de culto).  33 (función social determinará el contenido del derecho de propiedad).  18.2 (delito flagrante permite la entrada en el domicilio).  20.4 (derechos del Título I y en especial el derecho al honor, intimidad y propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia en el derecho a la libertad de expresión). Implícitos. Los que se derivan de la propia lógica del ejercicio de derechos y del ordenamiento. No pueden servir para que los poderes públicos vacíen de contenido los ddff, y por ello deben basarse en bienes constitucionalmente protegidos y específicos (no mera referencia al bien común), teniendo en cuenta siempre que los límites a los ddff han de interpretarse de forma restrictiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario