jueves, 19 de enero de 2017

persona jurídica

TEMA 22. LAS PERSONAS JURÍDICAS. 1. INTRODUCCIÓN. La organización social de nuestros días presupone que existe una enorme y variopinta serie de entes u autoorganización, a las que se les atribuye facultad de relacionarse con los demás miembros de la colectividad. Consiguientemente, la actual realidad cotidiana acredita la existencia de una serie de organizaciones supraindividuales que ocupan incluso un lugar preeminente en la sociedad, en el tráfico jurídico-económico, respecto de las personas naturales o seres humanos; por tanto, son igualmente consideradas como sujetos de derecho dentro de su esfera propia de actuación, esto es, con capacidad de obrar y personalidad jurídica. Tales organizaciones se denominan personas jurídicas. El nacimiento de la idea de persona jurídica fue inicialmente un imperativo de la propia organización jurídico-política: la justificación de la esfera patrimonial del Estado. 2. EL FUNDAMENTO Y LA ADMISIBILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. La categoría de las personas jurídicas fue desconocida en el Derecho Romano. La doctrina ha debatido ampliamente, sobre todo durante el siglo XIX, el fundamento y la admisibilidad de las personas jurídicas, girando básicamente las opiniones entre la tesis de considerarlas una ficción del Derecho o, por el contrario, realidades preexistentes a las normas jurídicas que las reconocen y perfilan en sus derechos y obligaciones. 2.1. La persona jurídica como persona ficta. La personificación general de las entidades y agrupaciones sociales se producirá en los siglos medievales, cuando los canonistas tratan de instaurar un sistema que permita la consideración de las colectividades religiosas (germen de las actuales asociaciones) y de las causas pías (antecedentes de las fundaciones actuales) como entes separados y distintos de los propios miembros individuales que lo componen, conforme a los intereses terrenales de la Iglesia Católica. A mediados del siglo XIII, el Papa Inocencia IV logra imponer en el Concilio de Lyon la, posteriormente, llamada teoría de la ficción, con ocasión de evitar que las ciudades puedan ser objeto de una excomunión general y colectiva, como hasta entonces había defendido el Derecho Canónico. A partir de entonces, en cuanto personae fictae, las agrupaciones o entidades que se consideran dotadas de un cierto interés público, actúan en el tráfico como personas independientes de los miembros que las forman, siempre y cuando contasen con el debido reconocimiento o autorización del poder secular o eclesiástico correspondiente. Dicho estado de cosas continúa hasta el momento en que se consolidan las Monarquías absolutas replanteándose de nuevo la tensión recurrente entre el Estado (difícilmente distinguible del propio monarca) y los individuos particulares. De otra parte, en el siglo XVI aparecen ya en estado embrionario las sociedades anónimas. Bajo la forma de compañías comerciales o “Compañías de Indias” consiguen el privilegio de comerciar en régimen de monopolio en las lejanas tierras “recién descubiertas” y limitar su responsabilidad a las aportaciones de los socios, sin que en ningún caso los acreedores de las compañías pudieran dirigirse contra los patrimonios particulares de los socios. Este último dato técnico, la limitación de la responsabilidad patrimonial, se convierte a partir de ahora en una de las notas características de la persona jurídica. Por consiguiente, el punto final de la evolución apuntada comporta la desaparición del interés público para dejar paso al interés particular de los socios. En el siglo XIX, la construcción teórica de Savigny refuerza la “teoría de la ficción”, calificando a las personas jurídicas de “ficticias” y señalando las barreras existentes entre los tipos básicos de personas jurídicas de interés para el Derecho Civil: las Asociaciones y las Fundaciones. 2.2. La Concepción Antropomórfica. A finales del siglo XIX, otro gran jurista alemán, OTTO VON GIERKE, propone el abandono de la teoría de la persona ficta, demostrando que las que llamamos personas jurídicas no eran una pura creación del legislador, sino una serie de organismos o entidades que realmente tienen una innegable presencia social, una vida propia e independiente de los seres humanos que la comportan. Por tanto, el Derecho no lleva a cabo una verdadera creación de tales entes, sino que se limita al reconocimiento de su existencia y a establecer el régimen jurídico que les debe resultar aplicable, fijando su ámbito de actuación. 2.3. El reconocimiento de la personalidad y la doctrina del “levantamiento del velo”. El planteamiento antropomórfico de Gierke tiene alguna fisura de importancia, precisamente pro cuanto se refiere al control de las personas jurídicas por el propio Ordenamiento jurídico. Si se parte de la base de que éste ha de reconocerlas, al menos se habrá de admitir que el Derecho regule las condiciones y presupuestos que han de cumplir para que se les otorgue la personalidad jurídica. Por tales razones, ya en el siglo XX, la persona jurídica no puede analizarse exclusivamente desde el punto de vista del fundamento de su existencia, sino considerando las condiciones de admisibilidad de los distintos tipos de personas jurídicas reconocidas por el propio sistema jurídico. Así pues, siendo el substratum antropomórfico un punto de partida imprescindible, es igualmente necesario un acto de reconocimiento legislativo a efectos del otorgamiento de la personalidad jurídica al tipo de organización social preexistente. Es más, incluso una vez creada la persona jurídica y reconocido, por tanto, su ámbito propio de autonomía, no puede dejar de pensarse en la posibilidad de controlar la actuación concreta de las personas jurídicas. Los abusos llevados a cabo bajo el amparo del hermetismo de la persona jurídica han sido tantos que, finalmente, los tribunales han debido atender a la realidad subyacente en los casos más ostensibles de actuación fraudulenta. Se resuelve, pues, evitar tal desenlace, acudiendo a la idea figurada de “levantar el velo” o de “desentenderse de la personalidad jurídica” de las personas jurídicas y analizar el fondo de la cuestión para llegar a soluciones presididas por la justicia. La doctrina del “levantamiento del velo” constituye así un punto de llegada que desde la práctica judicial americana (que fueron los primeros en llegar a esa conclusión) ha pasado a los países europeos y, entre ellos, España. Nuestro Tribunal Supremo, sin acudir explícitamente a dicha expresión, ha considerado en numerosas ocasiones inoponible la separación de personas y patrimonios cuando ella se alega de mala fe; desde 1984 en adelante, son numerosas las cuestiones en las que, textualmente, se formula una doctrina jurisprudencial completa y perfilada de la doctrina del “levantamiento del velo”, que consiste en que “si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza con una finalidad fraudulenta y de forma desajustada, los Tribunales podrán descartarla con la correlativa separación entre sus respectivos patrimonios”. 3. LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO CIVIL. Nuestro Código Civil utiliza expresamente la denominación de “personas jurídicas” como rúbrica del Capítulo II del Título II del Libro I. Sin embargo, la admisibilidad de la categoría general no excluye la necesidad de diversificar y distinguir entre los diversos tipos de personas jurídicas, como el propio Código Civil hace. Como afirma F. Capilla Roncero, “es inconveniente, por no decir imposible, pretender la elaboración de un único concepto de personalidad jurídica... En efecto, intentar precisar un único concepto de personalidad jurídica, daría como resultado un concepto reductivo, posiblemente de carácter formalista, elaborado en toro al mínimo denominador común a todos los supuestos institucionales calificados como personas jurídicas...”. 3.1. La estructura básica de asociaciones y fundaciones. El párrafo primero del artículo 35 enuncia la existencia en nuestro sistema jurídico de tres tipos fundamentales de personas jurídicas: 1) Corporaciones. 2) Asociaciones y 3) Fundaciones. La contraposición entre asociaciones y fundaciones se encuentra perfectamente fundada, en cuanto ambos tipos de personas jurídicas tienen un componente básico sustancialmente diferente: la asociación es un conjunto de personas unidas por la consecución de un fin; la fundación, en cambio, es un conjunto de bienes (un patrimonio) adscrito a un fin. Por supuesto, que lo dicho no obsta a que la asociación, conceptualmente, requiera también la existencia de patrimonio social; ni a que el funcionamiento efectivo de las fundaciones presuponga la colaboración de ciertas personas naturales, encargadas de la gestión. 3.2. Las corporaciones: las personas jurídicas públicas. Si la contraposición entre asociaciones y fundaciones atiende realmente a la diferencia en la estructura básica de ambos tipos de personas jurídicas, la inclusión de las corporaciones en el artículo 35 del Código Civil responde a otro tipo de motivaciones. Las personas jurídicas denominadas por Código Civil corporaciones son básicamente asociaciones, ya que su componente personal es la nota más destacada; por tanto, su consideración como grupo autónomo se asienta en un dato formal: su creación o reconocimiento por ley (artículo 37 Código Civil). Con ello pretende el Código Civil poner de manifiesto que la agrupación de personas con un fin común puede encontrar su origen o fundamento en actos de muy diversa naturaleza: a) En la libre iniciativa de sus propios componentes personales, quienes voluntariamente deciden dar cuerpo a una determinada persona jurídica, que se identificaría con la asociación. b) En el dictado de la ley, en cuyo caso se daría cuerpo a las corporaciones, requeridas por la propia estructura socio-política del sistema social y que, por tanto, se incardinan dentro de las Administraciones Públicas. En tal sentido, el Código Civil utiliza el término corporaciones para referirse a todas las personas jurídico-públicas que deben su nacimiento al propio impulso de la Administración Pública. 3.3. El interés público de las asociaciones y fundaciones. El artículo 35 del Código Civil, en su primer párrafo exige que tanto las corporaciones cuanto las asociaciones y fundaciones sean “de interés público reconocidas por la ley”. Evidentemente, esto no significa que las asociaciones y fundaciones dejen de ser personas jurídico-privadas en sentido genuino, sino sólo que los fines perseguidos por ellas han de ser de “interés general”, como textualmente indica el artículo 34.1 de la Constitución para las fundaciones. Genuinamente, pues, las asociaciones y las fundaciones han de ser consideradas privadas, en el sentido de que, una vez permitidas legalmente, la iniciativa de su creación o constitución corresponde, por principio, a los particulares. Por tanto, la exigencia de que las personas jurídico-privadas sean “de interés público” no puede ser interpretada en el sentido de que las fundaciones o asociaciones deban tener por objeto la satisfacción de fines públicos o la atención de servicios públicos, como ocurre con las corporaciones, sino sólo como presupuesto de la admisibilidad de aquéllas. El ordenamiento jurídico no puede consagrar la existencia de personas jurídicas cuyos objetivos sean contrarios a los intereses generales de la comunidad. 3.4. Asociaciones y sociedades: el interés particular. Una vez enunciado en el primer párrafo del artículo 35 del Código Civil el requisito del interés público de las asociaciones, reconoce como personas jurídicas, en su párrafo segundo, las asociaciones de interés particular. En realidad, tales asociaciones de interés particular constituyen un subtipo de la figura de la asociación propiamente dicha: las sociedades que (sean civiles, mercantiles o industriales) tiene por objeto conseguir un lucro o ganancia repartible entre los socios. La idea de lucro es extraña a las asociaciones y precisamente por contraposición, las sociedades pueden ser calificadas como “de interés particular”. Sin embargo, ha de considerarse que dicho interés particular no es antagónico al denominado interés público: las sociedades, en cuanto tipo concreto de asociación, no pueden tampoco considerarse desprovistas de interés público o atención a los intereses generales. Si así fuera, el Ordenamiento jurídico no las debería reconocer como tales personas jurídicas. 4. RÉGIMEN BÁSICO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 4.1. Personalidad y capacidad de obrar. Las personas jurídicas regularmente constituidas adquieren capacidad jurídica y de obrar desde el mismo momento de su constitución. A semejante esquema responde el artículo 37, que establece que “la capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y la de las fundaciones, por las reglas de su institución. El Código Civil atribuye a las personas jurídicas exclusivamente capacidad patrimonial y capacidad procesal. No obstante, la imprecisión de su planteamiento y, sobre todo, la remisión a las normas ad hoc, debe llevar a la conclusión de que, en principio, la capacidad de las personas jurídicas es tendencialmente general y que sólo debe verse limitada cuando una norma legal así lo disponga o cuando una determinada posición jurídica quede reservada en exclusiva a las personas naturales. Las personas jurídicas, deben responder extracontractualmente de los daños que sus representantes u órganos hayan podido causar a terceros. 4.2. El domicilio de las personas jurídicas. Razones de orden práctico aconsejan establecer un determinado domicilio para las personas jurídicas una vez admitida la existencia de esta categoría. El Código Civil se refiere a la cuestión del domicilio de las personas jurídicas en su artículo 41, que dispone que “cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto”. Según ello, el domicilio de las personas jurídicas será el establecido en su momento constitutivo y, en el caso de faltar éste, de forma subsidiaria debería atenderse al lugar en que se encuentra fijada la representación legal de la persona jurídica en cuestión o donde ejerzan sus funciones principales. En todo caso, la determinación subsidiaria del domicilio de las personas jurídicas entrará rara vez en juego, pues las disposiciones específicas relativas a la constitución de los diversos tipos de personas jurídicas, se caracterizan por exigir de forma imperativa la determinación de un domicilio en el momento constitutivo. La inviolabilidad del domicilio constitucionalmente establecida (artículo 18 ), en principio, asienta sus raíces en la protección de las personas propiamente dichas. Por tanto, inicialmente, las personas jurídicas no deberían gozar de semejante derecho fundamental. Sin embargo, dicha conclusión merezca ser revisada pues no hay ninguna razón que avale la exclusión de las personas jurídicas de semejante protección, permitiendo a los poderes públicos o a terceras personas invadir el ámbito interno y reservado de las dependencias o locales en que desarrollen sus actividades. 4.3. Nacionalidad de las personas jurídicas. La determinación de la nacionalidad tiene como objeto fundamental establecer cual es el Ordenamiento jurídico aplicable a las personas naturales. Por tanto, si a las personas jurídicas se las personifica, es natural que también se plantee respecto de ellas la cuestión de la nacionalidad. Tales cuestiones son afrontadas por el artículo 9.11 del Código Civil que dispone que “la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a su capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción”. El Código Civil atribuye la nacionalidad española a las personas jurídicas que, además de haber sido reconocidas por la ley, se encuentren domiciliadas en España. De alguna manera, el domicilio resulta determinante en relación con la nacionalidad, pues en definitiva es el criterio de imputación que verdaderamente conlleva la atribución de la nacionalidad española de las corporaciones, asociaciones o fundaciones. 4.4. ¿Vecindad civil de las personas jurídicas? Aunque el Código Civil no haga referencia alguna al tema, conviene plantearse si, además del domicilio y la nacionalidad, es necesario atribuir “vecindad civil” a las personas jurídicas. La cuestión es verdaderamente compleja y, por tanto discutible, sobre todo por el hecho de que la vecindad civil no puede hacerse derivar exclusivamente del dato del domicilio o de la residencia administrativa, sino de la voluntariedad del sujeto de derecho en someterse al régimen jurídico-civil común o foral de que se trate. En consecuencia, quizás fuera más acertado concluir que el sometimiento a las disposiciones autonómicas relativas a las personas jurídicas depende en definitiva de la vecindad administrativa en cualquiera de las Comunidades Autónomas y no sólo en las forales.

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