martes, 8 de noviembre de 2016

reforma politica

Test razonamiento al tema 4 La Ley para la Reforma Política de 1977 fue: a) Consensuada entre todas las fuerzas políticas y sindicales. b) Un extenso texto legal, donde quedó regulado todo el proceso de transición a la democracia. c) Un texto legal con efectos derogatorios implícitos. Correcta la c). El proceso de reforma política española de 1977 es un conjunto de modificaciones de la legislación vigente en España hasta ese momento, las Leyes Fundamentales del Reino, de carácter autoritario, para acabar con la entrada en vigor de una Constitución, que convirtieron al país en un Estado social y democrático de Derecho. La reforma tenía como objetivo reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas (fuertemente restringidos con la legislación vigente a la sazón), legalizar todos los partidos políticos (el único partido legal era la Falange) y permitir a los trabajadores su sindicación y sus derechos laborales (existía un único sindicato vertical, la Organización Sindical, y el derecho a huelga no estaba reconocido). Esta reforma implicaba la aprobación de una Ley Electoral para regular los comicios y la modificación del Código Penal para eliminar los delitos considerados políticos, además de conceder una amnistía a los presos por estos delitos. La piedra angular del proceso fue una ley con carácter de Ley Fundamental: la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977 de 4 de enero), aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes Generales y sometida al Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política del 15 de diciembre de 1976, con una participación del 77 por ciento del censo y un 80 por ciento de votos a favor. La nueva norma determinaba lo siguiente: 1. Establecía el concepto de soberanía popular como derecho político igual para todos los mayores de 21 años (que era en ese momento la mayoría de edad legal). 2. Procedía a crear un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado, con un mandato de cuatro años. Sus miembros serían elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto, a excepción de una quinta parte de los senadores que eran designados directamente por el Rey. 3. Autorizaba expresamente al Gobierno o al Congreso de los Diputados así elegido a iniciar una reforma constitucional, si bien no indicaba textualmente que las Cortes Generales resultantes fueran a derogar el conjunto de Leyes Fundamentales que, como bloque constitucional, mantenían la estructura del régimen político proveniente de la dictadura. Esto era así con el fin de no provocar la oposición de los partidarios a ultranza del régimen franquista, el llamado búnker. Sin embargo, entre enero y abril de 1977, se suceden los expedientes de legalización de los distintos partidos políticos, entre los que se destaca la creación de la Unión de Centro Democrático como fuerza de centro-derecha liderada por el entonces Presidente del gobierno, Adolfo Suárez, la legalización del Partido Socialista Obrero Español en febrero y del Partido Comunista de España en abril, y la creación de Alianza Popular. A pesar de todo ello, y de lo que suponía la reforma, la oposición propugnó la abstención al considerar que la reforma era insuficiente y que la ruptura democrática era la única forma de superar el régimen. En mayo se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales bajo el sistema de la nueva legislación para el 15 de junio de 1977 que gano la UCD con un 34,72% de votos, seguida del PSOE con un 29,25%, PCE con un 9,4%, AP con un 8%. Tras el proceso electoral, una vez constituido el Congreso y el Senado, se procedió a crear la Ponencia Constitucional a la que se le encargó la redacción de una nueva Constitución de corte democrático occidental. En octubre de 1977 se aprobó la última amnistía general que liberaba a los últimos presos políticos. Este periodo coincide parcialmente con el denominado de transición democrática. La suspensión general de derechos está prevista constitucionalmente para: a) El estado de sitio, exclusivamente. b) Los estados de alarma y excepción. c) Los estados de excepción y de sitio. Correcta la c). Artículo 55.1 Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Artículo 17-detención Artículo 18-domicilio Artículo 19-libre circulación Artículo 21-reunión y manifestación Artículo 28-derecho a la huelga Artículo 37 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Según el Tribunal Constitucional, la reserva de ley orgánica: a) Afecta a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I de la Constitución. b) Afecta también al principio de igualdad ante la ley. c) Afecta exclusivamente a los derechos regulados en los arts. 15 a 29 de la Constitución. Correcta la c). En materia de derechos y libertades, las garantías jurisdiccionales son aquéllas que: a) Se sustancian en el orden internacional. b) Pueden ser instadas ante los tribunales para reparar la vulneración de un derecho. c) Le corresponden al Rey. Correcta la b). En el orden interno: Jurisdicción ordinaria Tribunal constitucional-recurso de amparo Defensor del Pueblo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado En el orden Europeo-Tribunal Europeo de Derechos Humanos En España, el derecho a la inviolabilidad de domicilio: a) Sólo puede suspenderse con autorización del Tribunal Constitucional. b) Puede ser suspendido en la declaración del estado de sitio. c) Puede ser suspendido en la declaración de estado de alarma. Correcta la b). El derecho a la integridad física y moral tiene su fundamento último en: a) El derecho a la vida. b) La igualdad, como valor superior del ordenamiento. c) El reconocimiento de la dignidad de la persona. Correcta la c). Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El Defensor del Pueblo es elegido por: a) El Gobierno. b) El Congreso de los Diputados y el Senado. c) Las Cortes Generales en sesión conjunta. Correcta la b). Constitución española establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas. En cumplimiento de este mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula la institución. Al Defensor del Pueblo lo eligen el Congreso de los Diputados y el Senado mediante una votación, en la que se necesita una mayoría de tres quintos, por un periodo de cinco años. El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía y goza de inviolabilidad e inmunidad durante su permanencia en el cargo. El Defensor del Pueblo está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que puede delegar sus funciones, y que son nombrados previa conformidad de las Cortes Generales, y que, junto con el Secretario General forman la Junta de Coordinación y Régimen Interior, cuyas competencias están definidas en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. La pena de muerte: a) Está abolida absolutamente en nuestra Constitución. b) No existe actualmente en España, aunque podría admitirse legalmente en algunos supuestos. c) No puede admitirse por ley en ningún supuesto si no se reforma antes la Constitución. Correcta la a). Por ley orgánica de 1995 queda abolida del Código Penal Militar. La libertad personal reconocida en el art. 17 de la Constitución: a) Puede ser desarrollada en su regulación a través de ley ordinaria. b) No se vulnera si se respeta la Constitución, aunque se prive a alguien de su libertad fuera de los casos previstos en la ley. c) Quedaría vulnerada si se priva a alguien de su libertad sin respetar lo dispuesto en la Constitución. Correcta la c).

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