viernes, 21 de octubre de 2016

Administración general del Estado

TEMA 6 1. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES CON LOS CIUDADANOS. 1.1. La Administración Pública: Concepto y Estructura. En el campo del Derecho Administrativo, la Administración Pública puede definirse como «una organización personificada que, dentro de la comunidad política, gestiona los intereses colectivos de la misma»; así: a) La Administración Pública es una organización que se integra por entes y órganos. b) La Administración Pública esta personificada, en una persona jurídica. c) La Administración Pública gestiona, dentro de la Comunidad política (Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio) los intereses colectivos de la misma o, lo que es igual, los intereses públicos. d) El concepto de Administración Pública apunta hacia una idea de subordinación. e) La Administración al gestionar los intereses públicos cuenta con una posición privilegiada. Por otra parte la Administración Pública no aparece definida en la Constitución, pero sí es mencionada directa o indirectamente en diversos preceptos 9.3; 97; 103.1; 106.1.2; y del examen de estos preceptos se desprenden las siguientes notas esenciales: 1. Subordinación. 2. Servicio a la comunidad. 3. Objetividad. 4. Sometimiento a la Ley, al Derecho y a los Tribunales. 5. Responsabilidad patrimonial. 6. Por último, cabe destacar como nota muy actual, la nueva dimensión de las Administraciones Públicas al incluir, en su ordenación territorial, a las Administraciones autonómicas. a) Administraciones Públicas previstas por la Constitución: 1. La Administración del Estado. 2. La Administración de cada una de las Comunidades Autónomas. 3. Los distintos entes que integran la Administración Local, que pueden ser: 3.1. De existencia obligatoria: El Municipio, la Provincia y la Isla, en los archipiélagos Canario y Balear. 3.2. De carácter opcional: Agrupaciones de municipios diferentes de la provincia (Mancomunidades); los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales con personalidad jurídica propia. b) Otras posibles Administraciones Públicas: En la Administración Institucional pueden distinguirse: los Organismos Autónomos; la Administración Corporativa; Organismos Administrativos de rango constitucional y los Organismos excluidos del ámbito administrativo. 1.2. Principios Generales de Actuación:  El artículo 103 de la CE dice: «1. La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».  La Ley 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE): En su Exposición de Motivos tras mencionar que el artículo 103 de la CE recoge los principios básicos de actuación que deben de presidir la actividad de Administración estatal, y que ya han quedado apuntados, reconoce como efectiva la declaración que la Constitución hace en su artículo 1 cuando define a España como un Estado social democrático de Derecho, tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración General del Estado, en primer lugar porque el artículo 103 de la CE consagra no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses generales. Además, continúa la Exposición de Motivos, el artículo 9.2 de la CE señala claramente que la Administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra y por otra parte, el artículo 10.1 de la CE dispone solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la paz social. Por eso, la Administración General del Estado debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad.  La LOFAGE repite los principios recogidos en el artículo 103 de la CE, mencionando: I. Principios de organización: 1. Jerarquía. 2. Descentralización funcional: Es un sistema organizativo basado en la idea de acercamiento entre la Administración y el administrado, mediante la transferencia de funciones a los entes territoriales inferiores, que actuarán con plena capacidad de decisión, con las solas excepciones impuestas por los principios de unidad y coordinación (descentralización territorial). 3. Desconcentración funcional y territorial: (fenómeno en virtud del cual se transfieren competencias de los órganos superiores a los inferiores o disminuye la subordinación de éstos a aquellos). 4. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 5. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos: «...El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la CE, por la objetividad». Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos. II. Principios de funcionamiento: 1. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados: «... el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicio: públicos»). 2. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos: (Art. 31.2 de la CE «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía»). 3. Programación y desarrollo de los objetivos y control de la gestión y de los resultados. 4. Responsabilidad por la gestión pública. 5. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. 6. Servicios efectivos a los ciudadanos. 7. Objetividad y transparencia de la actuación Administrativa. 8. Cooperación y coordinación con las otras Administraciones. III. Principio de Servicio a los Ciudadanos: El artículo 4 de la LOFAGE hace un desarrollo individualizado de otro principio, el principio de servicio a los ciudadanos, que se traduce en el deber de asegurar a los ciudadanos: • La efectividad de sus derechos cuando se relacionan con la Administración. • La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas. • Que puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos, telemáticos. • Que puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias administrativas.  La Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: < En su artículo 35, cuando desarrolla las actividades de las Administraciones Públicas, recoge los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, plasmación, en definitiva, de los principios que dirigen la actuación de la Administración > a. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copia de documentos contenidos en ellos. b. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. c. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándolos junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento. d. Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. e. Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta. f. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. g. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. h. El acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en éstas u otras Leyes. i. Ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. j. Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. k. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 2. ÓRGANOS SUPERIORES Y ÓRGANOS DIRECTIVOS EN LA ORGANIZACIÓN CENTRAL. 2.1. La Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE): La LOFAGE regula, en el marco del régimen jurídico común a todas la Administraciones públicas (Ley 30/92), la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, para el desarrollo de su actividad. La seguridad pública, que integra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado), se incardina en la órbita de la Administración General del Estado. Por lo tanto, la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas. 2.2. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos: a) Órganos superiores (establecen los planes de actuación de la organización):  Los Ministros.  Los Secretarios de Estado. b) Órganos directivos (desarrollo y ejecución de los planes de actuación):  Los Subsecretarios y Secretarios generales.  Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.  Los Subdirectores generales. 2.3. En la organización territorial de la Administración General del Estado: a) Órganos directivos:  Delegados del Gobierno en las CCAA, con rango de Subsecretario.  Subdelegados del Gobierno en las provincias, nivel de Subdirector General. 2.4. En la Administración General del Estado en el exterior: a) Órganos directivos:  Embajadores.  Representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. 2.5. Notas Importantes Respecto a estos Órganos:  Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.  Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.  Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos órganos directivos. 2.6. Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado a nivel central: La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización en Departamentos Ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes respectivamente de un Ministerio, que con carácter excepcional se adscriban a miembros del Gobierno distintos de los Ministros. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y, excepcionalmente, Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de la anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. Los órganos de nivel inferior a Subdirecciones Generales se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas. Las unidades administrativas, que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puesto de trabajo. La LOFAGE pone en manos de los Ministros la capacidad de modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio que expresamente autoricen de forma conjunta los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. A nivel jerárquico, los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenarán jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director General y Subsecretario General. Los Secretarios Generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director General. 2.7. Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado a nivel territorial: Está integrada por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y los Directores Insulares que se establecerán reglamentariamente. a) Los Delegados del Gobierno: Los Delegados del Gobierno en las CCAA representan al Gobierno en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las CCAA a través de sus respectivos presidentes. Los servicios comunes se organizan y funcionan en cada Ministerio de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración General de Estado. Todo ello sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios. Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecretaría dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento. Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General de Estado y sus Organismos públicos situados en su territorio. Dependen de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las competencias de Estado, impartir las necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad. Tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido temporalmente por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado. En las CCAA uniprovinciales la suplencia corresponderá al titular del órgano responsable de los servicios comunes a la Delegación de Gobierno. En cuanto a sus competencias, resaltar las que están relacionadas con las funciones de la Dirección General de la Policía: « Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Así como ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas ». Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora, se crea en cada una de las CCAA pluriprovinciales una Comisión territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta: en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores Insulares. A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios que el Delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad Autónoma considere oportuno. Las disposiciones contenidas en la LOFAGE sobre los Delegados del Gobierno en las CCAA son de aplicación a los Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla. Competencias:  Además de las ya referidas, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas a los Gobernadores Civiles en la LO 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/92, de 30 de julio, de  Seguridad Privada, correspondiendo las demás competencias de carácter sancionador a los Subdelegados del Gobierno.  En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la iniciación e instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación del Gobierno competente por razón del territorio.  Igualmente corresponderá a los Delegados del Gobierno la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves o muy graves previstas en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La imposición de sanciones por infracciones leves previstas en dicha Ley corresponderá a los Subdelegados del Gobierno.  Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñará las demás competencias que la legislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles.  En las CCAA que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, hayan creado Cuerpos de Policía propios, las competencias estatales en materia de seguridad pública se ejercerán directamente por los Delegados del Gobierno, sin perjuicio de las funciones que puedan desconcentrarse o delegarse en los Subdelegados del Gobierno. b) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias: En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno. En las CCAA uniprovinciales el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno estará bajo la dirección y supervisión del Delegado del Gobierno. Competencias: a. La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. b. La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia. c. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado. c) Los Directores Insulares: Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno. Dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la CCAA o del Subdelegado de Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. 2.8. Los Departamentos Ministeriales: Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. La Administración General del Estado se estructura en los siguientes departamentos ministeriales: • Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. • Ministerio de Justicia. • Ministerio de Defensa. • Ministerio de Economía y Hacienda. • Ministerio del Interior. • Ministerio de Fomento. • Ministerio de Educación. • Ministerio de Trabajo e Inmigración. • Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. • Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. • Ministerio de la Presidencia. • Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. • Ministerio de Cultura. • Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. • Ministerio de Ciencia e Innovación. Total 15 Ministerios GOBIERNO: COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 3.1. Composición del Gobierno (art. 98): La proclamación del Estado social de derecho implica un cambio sustancial en las relaciones entre Gobierno y Parlamento, que conlleva un mayor margen de autonomía del Gobierno. Actualmente podemos establecer las siguientes categorías de miembros del Gobierno: a) El Presidente del Gobierno. b) Los Vicepresidentes: no son cargos obligatorios. Por un lado parece claro que una de sus funciones será la de sustituir al Presidente. Esta figura puede llevar o no aparejada una cartera ministerial. Parece que deben ser los responsables y coordinadores de áreas gubernamentales específicas (política, economía, etc.), gozando de una cierta supremacía sobre los Ministros y demás miembros del Gobierno. c) Los Ministros: hay que partir de su doble condición de miembros del Gobierno y jefes de los diferentes departamentos ministeriales. Ello no impide la existencia de Ministros sin cartera, siendo su principal función apoyar a otros miembros del Gobierno, especialmente a su Presidente. En cuanto al número, actualmente parece observarse la tendencia, por razones funcionales, de agruparlos en superministerios coordinados por un vicepresidente. La LOACE configura la existencia de un mínimo de 15 departamentos ministeriales, detallando incluso los órganos superiores de cada uno. d) Los Secretarios de Estado: art. 98 CE “El Gº se compone del ..... y demás miembros que establezca la ley. Aparecen concebidos como órganos auxiliares de los Ministros, Vicepresidentes, o incluso del propio Presidente. Sus funciones deben ser las propias de su área gubernamental de responsabilidad, así como sustituir al Ministro y asistir, cuando se requiera, al Consejo de Ministros. Sin embargo, a partir de la LOACE resulta problemático concebir a los Secretarios de Estado como miembros del Gobierno, situándoles en una posición inmediatamente subordinada a los Ministros y por encima de los Subsecretarios, y por lo tanto, pierden la consideración de miembros del Gobierno. La Ley de Gº de 1997 dice que sus miembros se reunirán en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gº. El Gº es, por tanto, un órgano complejo, integrado por órganos unipersonales y colegiados. 3.2. Estatus Jurídico de los Miembros del Gobierno: La configuración de nuestro Gobierno parece apuntar a una preeminencia de la figura del Presidente y a desdibujar la figura de los Ministros. Sin embargo, ello no es absolutamente cierto ya que podemos señalar los siguientes rasgos generales que definen su estatuto jurídico:  Tienen asignada una esfera de actuación, además de la coparticipación en las esferas de actuación del Gobierno.  Son responsables directos de su gestión y además están sujetos a la responsabilidad colectiva.  Finalmente, están sometidos a la dirección del Presidente del Gobierno, ya que pueden ser cesados por éste. Hay que precisar también un adecuado sistema de incompatibilidades para el ejercicio de la función de Gobierno, las cuales son establecidas por ley. Junto a ello, la Constitución establece una serie de incompatibilidades:  El cargo de miembro del Gº es incompatible con toda función representativa, que no sea parlamentaria. Sin embargo, pueden existir Ministros que tengan la condición de Parlamentarios y Ministros que no la tengan. En caso de serlo, se rigen por el estatuto de los parlamentarios.  La prohibición de ejercer cualquier otra función pública, que no se derive de su cargo.  La imposibilidad de ejercer cualquier actividad profesional o mercantil, aunque se trata de una medida fácilmente burlable. Por lo que se refiere a la responsabilidad del Gobierno, nuestra Constitución para la responsabilidad penal opta por el sistema judicial ordinario aunque también contempla cierta participación del Parlamento en orden a poner en marcha el procedimiento acusatorio. El órgano legitimado para enjuiciar dicha responsabilidad es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si se trata de traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la acusación debe ser planteada por la ¼ parte de los miembros del Congreso y aprobada por la mayoría absoluta de los mismos. La Constitución establece que en ninguno de estos supuestos el Rey pueda ejercer el dº de gracia. El otro supuesto es cuando se trata de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, que no sean los anteriores. En este caso es competente también el mismo tribunal, pero no se requiere la intervención del Congreso. 3.3. El Presidente del Gobierno: El Presidente no es un primus inter pares, sino que goza de una posición de especial preeminencia que viene avalada por funciones constitucionales. En principio, le corresponde la dirección de la acción de gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros:  Funciones: 1. Funciones como director y coordinador de la acción de gobierno:  Convocar el Consejo de Ministros.  Mantener la unidad de dirección política.  Proponer el programa legislativo del Gobierno.  Someter al Consejo de Ministros cualquier asunto que estime conveniente. 2. Funciones del Presidente en relación con los demás órganos constitucionales del Estado: especialmente con la Corona, las Cortes Generales, el Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.  Nuestra Constitución prevé dos modalidades de nombramiento del Presidente del Gobierno: 1. Nombramiento Ordinario: Los supuestos que dan lugar a su puesta en funcionamiento son la celebración de elecciones generales, la dimisión o fallecimiento del anterior Presidente y la pérdida de confianza parlamentaria por haber rechazado el Parlamento una cuestión de confianza. En cualquiera de estos supuestos, el nombramiento del nuevo Presidente sigue este proceso: a) La propuesta de nombramiento. Que es efectuada por el Rey con el refrendo del Presidente del Congreso y una vez consultados los distintos grupos políticos con representación parlamentaria. La Constitución no fija un término a la realización de consultas, aunque a los 2 meses se disuelvan las CCGG. Aunque en una monarquía parlamentaria el Rey es el primer interesado en el funcionamiento regular de sus instituciones. La propuesta regia al Congreso de un candidato debe ser un acto formal, escrito y publicado en el BOE con refrendo del Pte. del Congreso. b) La investidura del Congreso. Es un detallado procedimiento tendente a que el candidato a Presidente logre la confianza de la Cámara. En este acto se expondrá la naturaleza del programa político, y tras esto se procederá a un debate político a resultas del cual, se sabrá con qué apoyos políticos cuenta el candidato. La Constitución exige la investidura antes de la formación del Gº, y se solicita la confianza para el candidato a la Presidencia. La investidura es posterior a la exposición del programa político. La obtención de la confianza parlamentaria se produce en una primera votación si se obtiene la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Si ésta no se alcanzara, a las 48 horas se produciría una segunda votación en la que ya sólo se exige la mayoría simple. c) El nombramiento como Presidente del Gobierno. Una vez que el candidato ha obtenido la investidura del Congreso de Diputados, el Rey lo nombrará Presidente del Gobierno, ya que él mismo es el titular legitimado para refrendar dicho nombramiento. Pero si el candidato no ha logrado obtener la investidura parlamentaria, es necesario volver a empezar el procedimiento con nuevas propuestas del Rey, en las cuales no debe figurar el candidato primitivo, y si ninguno la obtuviese en el plazo de 2 meses a partir de la primera investidura, el Rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 2. Nombramiento extraordinario: Se produce cuando el Congreso de los Diputados adopta una moción de censura contra el Gobierno, en la cual debe figurar un candidato a la presidencia. En caso de triunfo, se considera que dicho candidato se encuentra investido de la confianza de la Cámara y se procederá a su nombramiento por el Rey:  Por un lado, se trata de un nombramiento automático, en que todo el protagonismo lo tiene el Parlamento.  Por otro, el candidato nombrado debe obtener la confianza de la Cámara por mayoría absoluta. 3.4. Funciones del Gobierno:  Éstas vienen recogidas en la Constitución en el art. 97: a) La dirección de la política interior y exterior. Es la función que permite mayor margen de discrecionalidad en su actuación: programa político, presupuestación y planificación, provisión personal de sus órganos, tratados y convenios internacionales. b) La dirección de la Administración civil y militar. Implica la adopción de la doble naturaleza del Gobierno, como órgano político y como órgano de la Administración del Estado. c) La defensa del Estado. Con esto trata a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado señalando que se encuentran sometidos a la autoridad del Gobierno. Esto implica 2 premisas fundamentales:  dichos colectivos no pueden ejercer por sí mismos dichas competencias y...  ...deben respetar los valores democráticos. d) La función ejecutiva. El Gobierno no ejerce en exclusiva dicha función, ya que existen otros poderes que participan de ella (Administración). Dicha función ejecutiva ha de diferenciarse de la potestad reglamentaria. e) El ejercicio de la potestad reglamentaria. Parece ser que nuestra Constitución establece la atribución normativa originaria al Ejecutivo, aunque sin establecer el ámbito de la misma.  La Constitución recoge a lo largo de su articulado un nº de funciones arbitrales:  Declaración de estados críticos (alarma, excepción y sitio).  La iniciativa, personalizada en su Pte., para disolver la(s) Cámara(s) y fijar fecha de elecciones.  Convocar referendo consultivo, autorizado por el Congreso. 3.5. El Consejo de Ministros: Hay unas reglas convencionales del sistema parlamentario, tales como la prohibición que pesa sobre un ministro de criticar al Gobierno y de explicitar sus diferencias internas de criterio, así como su obligación de mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En nuestra Constitución la responsabilidad del Gobierno es personificada fundamentalmente en su cabeza, en tanto que la responsabilidad de los ministros parece diluida en el colectivo y finalmente asumida por el propio Presidente mientras los mantenga en el cargo. En efecto: a) La investidura la recibe el Presidente. b) La censura, aunque está referida al Gobierno en bloque, se sustancia entre el Presidente y el candidato alternativo. c) La cuestión de confianza y la disolución de la(s) Cámara(s), aunque requieren deliberación del Consejo de Ministros, la decide el Presidente. De la disolución, incluso, dice el art. 115.1 que el Presidente la decide «bajo su exclusiva responsabilidad». La posición minoritaria defiende la existencia en nuestra Constitución de la responsabilidad política individual de los ministros junto a la solidaria del Gobierno. El art. 108 afirma, sí, la responsabilidad solidaria del Gobierno, pero no niega, ni mucho menos prohíbe, cualquier otra. Antes bien, el art. 98.2 dice que los ministros son directamente responsables de su propia gestión; y el art. 64 dispone que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, responsabilizándose los refrendantes de dichos actos. Por tanto, no sólo son constitucionales las mociones de reprobación de los ministros con intención censora, sino que el Presidente del Gobierno debería asumir la obligación de cesar al ministro reprobado, aunque no parezca estar jurídicamente obligado a ello por la Constitución. En el funcionamiento real del sistema, la posición de un ministro reprobado se hace, si no jurídicamente, sí al menos políticamente insostenible. Si al final todo depende de la sensibilidad política del Presidente y de la Mayoría, la “resistencia” del ministro reprobado en el cargo rompería la lógica del sistema parlamentario. A pesar de todo, esta convención no se ha adoptado todavía y no se ha habilitado un procedimiento para exigir la responsabilidad individual de los ministros. Así las cosas, en caso de que las fuerzas políticas acordaran establecerlo, y deberían acordarlo, sería conveniente incorporarlo al Reglamento del Congreso, en atención a la primacía del Derecho escrito en nuestro Ordenamiento y a la parcial rigidez de dicho cuerpo normativo. 3.6. El Gobierno y la Administración: Una de las funciones del Gobierno es la de dirigir la Administración del Estado, pero ello plantea el problema de la diferenciación entre ambos y del sistema de relaciones que puede establecerse. No se puede sostener que el Gobierno dirige y la Administración obedece: 1. La neutralidad de la Administración es encontrarse sujeta a la Constitución y al ordenamiento jurídico. 2. La neutralidad administrativa del Gobierno supone la no injerencia en los asuntos administrativos, salvo esa función de dirección que le atribuye el art. 97. Tras la aprobación de nuestra Constitución el panorama de nuestra Administración Pública presenta el siguiente cuadro: Administración Militar Administración activa Central A) Administración Administración civil Del Estado Periférica Administración consultiva Consejo de Estado B) Administración Institucional. Administración Municipal C) Administración Local Administración Provincial D) Administración de las Comunidades Autónomas. 3.7. Principios Generales de la Administración: Se puede distinguir entre: 1. Principios de organización: a) Principio de jerarquía. b) Principio de coordinación, bien entre diversas administraciones públicas, bien dentro de una misma administración. c) Principio de desconcentración: implica el ejercicio de la competencia, la transferencia de la titularidad de la misma. d) Principio de descentralización administrativa. 2. Principios de actuación: a) Principio de objetividad. b) Principio de eficacia. c) Principio de participación. 3.8. Control de la Administración: Uno de los principios fundamentales de todo Estado de Derecho es el sometimiento de la Administración al principio de legalidad. En los sistemas de Derecho administrativo como el nuestro, es realizado por una jurisdicción ordinaria especializada: la jurisdicción contencioso-administrativa. La actuación de la Administración también puede ser impugnada ante el TC, a través del recurso de amparo (violación de los derechos y libertades fundamentales), o bien a través de los conflictos constitucionales de competencias. También existen otra serie de controles de carácter extrajudicial (control parlamentario, Defensor del Pueblo). 3.9. El Gobierno y Las Fuerzas Armadas: El Rey es el mando supremo de las FF.AA., pero no puede ejercer esta función con la discrecionalidad que lo hace el Presidente de EE.UU., ya que se trata de un acto debido sometido a refrendo ministerial. Por tanto, el Rey ejerce el mando supremo de las fuerzas armadas de un modo honorífico. El Ejército depende del Gº, pues es el art. 97 CE confiere a éste la Administración militar y la defensa del Eº. La CE dispone que los actos del Rey carecen de validez si no están refrendados, en este caso por el Ministro de Defensa. No existe legitimidad constitucional para una actuación autónoma del Ejército en situaciones de crisis. La CE ha previsto estados de alarma, excepción o sitio con la correspondiente intervención del Gº y las CCGG. La declaración de guerra y la firma de la paz, que corresponden al Rey, necesitan previa autorización de las CCGG (art. 63 CE). 3.10. El Consejo de ESTADO: El Constituyente exige su dictamen preceptivo en la delegación de materias de titularidad estatal a las CC.AA. y es el «supremo órgano consultivo del Gº». La separación orgánica (no lo preside el Presidente del Gº, pues tiene uno propio, ni forman parte de él los Ministros) más el carácter preceptivo o, en algunos casos, vinculante de sus dictámenes, permiten cuestionar si el Consejo de Eº es un órgano consultivo o si se trata de un órgano de control. La caracterización como órgano de control se desprende asimismo de sus garantías: “ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia”, y por la finalidad de sus intervenciones: «se velará por la observancia de la CE y del resto del Ordenamiento jurídico». El Ejecutivo trata de controlar en lo posible su funcionamiento, para lo que dispone de la facultad de nombramiento de su Presidente, de los Consejeros permanentes y electivos. Composición: Presidente, nombrado libremente por el Consejo de Ministros sin exigencia de cualificación profesional alguna. El Pleno del Consejo se compone de los Consejeros Permanentes, Consejeros Natos, Consejeros Electivos y el Secretario General. Los Consejeros Permanentes constituyen el elemento estable y profesional, les corresponde la Presidencia de las Secciones y junto al Presidente y Secretario General forman la Comisión Permanente. Son los titulares de cargo público más protegidos de todo el Eº, pues son nombrados por el Gº con carácter inamovible sin límite de tiempo. Los Consejeros Electivos son nombrados por el Gº para 4 años entre personas con cargos relevantes en cualquiera de los poderes del Eº. Son Consejeros Natos los que ostentan cargos públicos que son de nombramiento gubernativo (Fiscal General del Eº, DG de lo Contencioso). El Consejo de Eº está asistido por el Cuerpo de Letrados del Consejo de Eº, y de entre éstos se nombra al Secretario General del Consejo. Debe emitir informes en cuantos asuntos sometan a su consulta el Gº, los Ministros o las CC.AA. a través de sus Presidentes. Las más importantes competencias son las de informe preceptivo, en las que actúa como órgano de control jurídico. No hay obligatoriedad de consulta al Consejo de Eº de las disposiciones que en ejecución de leyes aprueben las CC.AA. cuando tengan competencia exclusiva sobre la materia. EL GOBIERNO EN FUNCIONES.  El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.  El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

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